¿Qué es lo nulo, el tratado o la sentencia?
A pesar del optimismo con que se quiera presentar, la verdad es que perdimos el pleito, nos arrebatan amplia zona de nuestro mar territorial, más de cien mil Km.2 dicen algunos, que equivalen al 10.7% de nuestro dominio en el Caribe, con gran riqueza en fauna marítima y posiblemente en yacimientos de hidrocarburos; nos dejan un archipiélago, sin mar.
Se trata de un asunto que estaba definido por el derecho internacional desde 1928 cuando se firmó el tratado Esguerra-Bárcenas, que le puso fin al conflicto limítrofe, estableciendo que la costa de Mosquitos y las islas de los alrededores pertenecían a Nicaragua, mientras que el archipiélago de San Andrés y Providencia sería de propiedad colombiana. A partir de este momento quedó en claro que el meridiano 82 era la línea divisoria entre los dos países. Colombia y sus isleños han venido ejerciendo soberanía sobre los islotes y el mar territorial que los compromete.
El reclamo de Nicaragua, inspirado más por afanes de orden político interno, resultaba desubicado en el tiempo, ya existía un acuerdo que vinculaba a las partes con efecto de cosa juzgada, como se desprende de todos los tratados internacionales. La Junta Sandinista que gobernaba Nicaragua en 1980 declaro nulo el acuerdo y exigió la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, alegando que 50 años antes no estaba reconocido el derecho al mar y que la adhesión al tratado fue bajo la intervención de EE.UU. Nicaragua presenta su demanda en diciembre de 2001, incluyendo a Santa Catalina en sus reclamos, y el Gobierno colombiano intervino alegando que la declaración de nulidad del pacto fue unilateral, violatoria de la legislación internacional.
En el 2007 la Corte remarcó la soberanía sobre las islas para Colombia, pero se declaró competente para conocer el conflicto. Y con esto Colombia intervino plenamente en el proceso, presentó sus memorias durante 2008 y contra memorias en el 2009 y participó en las actuaciones subsiguientes.
El Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya, aparece en 1945, de creación muy posterior al conflicto colombiano que se solucionó en 1928 y la adhesión de Colombia a la jurisdicción de la Corte Internacional también es muy posterior por la suscripción del Pacto de Bogotá de 1948, para soluciones pacificas de conflictos entre los Estados. Ya no hacemos parte del Tribunal Internacional de Justicia, sin embargo, no hemos denunciado el tratado que le reconoce la jurisdicción y por ello es que desde el comienzo se discutió si la posición debía ser más bien la de abstenerse de intervenir y desconocer de entrada, cualquiera que fuera, su eventual decisión, o si estábamos cobijados por la jurisdicción de la Corte y debíamos plantear allí nuestra defensa.
La situación fue que, con razón o sin ella, intervenimos y viene ahora esta decisión, que a pesar de reconocer la validez del tratado Esguerra-Bárcenas, al final lo desconoce, aplicando novedosos principios como el de proporción, señalando que la costa se encuentra de ocho a uno con relación a los dos países, apreciación que no es correcta para delimitación de un archipiélago; afecta delimitación con países que no son parte. Tremenda antinomia para resolver; o es nulo el tratado que nos da la soberanía o lo que es nulo es el fallo de la Corte Internacional que lo desconoce. Entonces nos dicen, que el tratado se refiere a territorio y no a áreas marinas, se desconocería por tanto en el fallo el principio del uti possidetis juris que sobre las mismas ejerce Colombia prácticamente desde la colonia.
Con lo que ha pasado se nos vislumbra un futuro incierto para nuestros mares. Existen más diferendos limítrofes en nuestro territorio, y de pronto, lejos de legitimar la actuación de una Corte con afán de innovación, mejor sería denunciar el Pacto de Bogotá y de una vez adoptar como política pública que la soberanía no se transige, ni se le encomienda su definición a terceros. Lo que haya que hacerse lo haríamos por vía bilateral, el tratado, pero sin ponerlo en riesgo para que lo desconozca una Corte que quiere cambiar su jurisprudencia, a costa de nuestros mares.