Jaime Alberto Arrubla Paucar | El Nuevo Siglo
Jueves, 29 de Octubre de 2015

“Vil atentado contra la independencia judicial”

PÁGINA NEGRA

La toma del Palacio de Justicia

Van a cumplirse 30 años de cuando se vivió una página negra en la historia de nuestra república, el más vil atentado contra la independencia judicial lo constituye la toma de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado por un grupo alzado en armas al margen de la ley y con el auspicio al parecer de bandas de criminales mafiosas.

También la retoma fue irracional e inhumana, no puede procederse en forma tan cruenta y beligerante cuando hay población civil, magistrados y personal al servicio de la justicia en medio del combate. Se perdió la sindéresis en aras de salvar las instituciones.

Nos preguntamos, ¿por qué mirar el pasado? ¿Por qué recordar tan tristes episodios? Porque no se pueden volver a repetir. Falta mucho por avanzar    para poder poner algún día punto final a esta gran tragedia. Por lo pronto hemos avanzado en la verdad de lo ocurrido; gracias al informe de la Comisión de la Verdad, el país y el mundo han podido conocer el alcance de lo ocurrido, las infamias de la toma, las brutalidades de la retoma. Por fin las víctimas pueden acercarse a una realidad y los que quieran dispensar su perdón, ya saben más o menos qué es lo que tienen que perdonar.

En justicia hemos estado cortos, pero gracias a este impulso, a buena hora propiciado por la Corte al darle vía a la referida comisión, se han desatado investigaciones y juzgamientos que han dado resultados. Los delitos cometidos en este escenario fueron de lesa humanidad y como tal deben ser tratados; los responsables no pueden beneficiarse con prescripciones, ni tales hechos pueden ser amparados por amnistías, que solo pueden caber cuando se trata de delitos políticos, muy lejos de los que aquí se cometieron.  El aparato de justicia no puede descansar tranquilo hasta que no se haga una real y verdadera justicia, así hayan pasado varios lustros, todavía nos duele ver el templo de la justicia en llamas, y haber observado la sangre de nuestros compañeros corriendo por las calles.

La reparación a las victimas debe ser una política de Estado, no solamente a las de este palacio destruido, sino a las de todos los colombianos que han sufrido con esta guerra infernal. 

Lástima que la desidia administrativa haya apagado la llama simbólica que pretendía ser perenne y que estaba destinada a honrar la memoria de todos los sacrificados.

Significó esta deplorable agresión, un rompimiento de la estabilidad jurídica, la vulneración de uno de los pilares más excelsos de una sociedad y la demostración de la fragilidad humana ante la barbarie inconsulta de aquellos que se separan de las leyes y la Constitución. Fue un ataque directo al corazón de las instituciones y por ello, la justicia todavía resiente lo que se vivió al interior de estos muros.

PD. Y los ataques no cesan, nada más infame que el contexto político partidista donde han querido situar ahora, algunas intervenciones en la Sala Plena en años pasados, tomadas de las grabaciones ilícitas de la “Mata Hari” para desacreditar una sentencia condenatoria. En Sala Plena no se fallan los casos, se resuelven problemas de Estado, defendiendo la Constitución y las leyes y buscando la mejor interpretación para los administrados.