UNA VERGÜENZA
El paro judicial
Como se esperaba, desde el pasado viernes, en entrevista concedida por el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, anunció que en esta semana, la que cursamos, podría levantarse el paro judicial, que cumple ya 60 días en Bogotá y en otros lugares que lo vienen realizando (no todo el país). Decimos que como se esperaba, pues es el mismo patrón de conducta de años anteriores, cuando se sale al paro en los últimos meses del año y esté se extiende hasta días antes de finalizar el período judicial, cuando se levanta prácticamente para entrar en la vacancia judicial por vacaciones. Agregó el Presidente de la entidad que a los parados se les cancelaría su retribución salarial, por el lapso no laborado, siempre que se comprometan a compensar el tiempo dejado de trabajar. Señaló que ello ya se ha hecho anteriormente, para lo cual se efectúa una planeación del tiempo dejado de trabajar y la compensación futura.
Ante este planteamiento ha salido el Contralor General de la República a ripostar enérgicamente, considerado “inaceptable el acuerdo” a que eventualmente llegaron los trabajadores de la rama judicial en paro y el Consejo de la Judicatura. Para el Contralor ese acuerdo “es un abuso del derecho y violatorio de todas las normas legales” y recordó que el salario es la retribución por un servicio prestado y no puede ser pagado de forma anticipada, como se estaría proyectando. Agrega el Contralor, que si el paro, como dice el Presidente del Consejo de la Judicatura, ha dañado la imagen de la justicia, constituye una verdadera vergüenza. Desde el pasado 20 de noviembre la Contraloría advirtió por circular, que pagar esos salarios por el tiempo dejado de trabajar, constituiría un detrimento patrimonial para el Estado. Advierte el Contralor que su despacho está presto a adelantar las investigaciones fiscales a aquellos funcionarios que procedan desatendiendo las instrucciones de la circular de su despacho.
La razón acompaña al Contralor sin lugar a dudas. La justicia es un servicio esencial del Estado y no puede haber paros de ninguna clase. Hacerlos es una situación de hecho que constituye falta disciplinaria por lo menos.
Algunos alumnos me preguntaban ¿cómo es que en Colombia para la administración de justicia? ¿Acaso no se trata de un servicio esencial, donde los funcionarios pueden hacer peticiones pero no suspender el servicio? La respuesta es clara, porque lo han hecho en el pasado y no ha pasado nada, ni siquiera les han rebajado el sueldo por el tiempo no laborado, no se aplicado sanción alguna.
A buena hora el Contralor General ha puesto el dedo en la llaga; a la desacreditada justicia colombiana se le añade un paro y la respuesta no puede ser que nada pasó; ello significaría alentar el camino para el del año siguiente como viene sucediendo. Muchos de los reclamos de los administradores de justicia son justos y hemos insistido que el Gobierno debe atenderlos y estudiarlos con dedicación y profundidad. También hemos sostenido desde esta tribuna que la justicia requiere de una reforma profunda en todos los órdenes, pero con lo que si no podemos estar de acuerdo es con el paro que deteriora su imagen y le causa graves perjuicios a las personas que esperan pronta y cumplida justicia.