Sentencia de Corte de La Haya
Oportuna, inteligente y para compartirla, nos parece la posición que recientemente ha planteado el Vicepresidente de la República, para definir la que debe ser la postura de Colombia en relación con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el conflicto con Nicaragua sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: se respeta la decisión de la Corte Internacional de La Haya, pero es inaplicable.
Como lo hemos sostenido desde esta misma columna, el fallo se encuentra pletórico de irregularidades, al punto que lo único que se puede hacer con él es criticarlo e inaplicarlo. De paso se lleva por delante todo un tratado entre las partes litigantes, el Esguerra-Bárcenas, contra expresa exclusión de competencia en el mismo acto de creación de la Corte; además compromete la delimitación marítima que por tratados se había realizado con otros países vecinos del Caribe. Va contra la misma jurisprudencia de la Corte para delimitar un archipiélago, desconoce títulos de Colombia fundados en Reales Cédulas que definieron el territorio de la Nueva Granada y la posesión pacífica e irreclamada de Colombia por más de un siglo y medio. Se atropellan derechos humanos fundamentales de los pescadores colombianos que ancestralmente actúan en la zona. Igualmente se vulnera el medio ambiente y se crea inestabilidad en la región. Es evidente que un fallo con semejante composición no puede ser aplicado.
Lo que se sigue es algo sobre lo que no se observa claridad y de pronto se ha trabajado en sentido contrario, que es concitar a la unión nacional en torno de los propósitos comunes que debe tener Colombia para hacer respetar su soberania en el Caribe. Los responsables de los gobiernos que desde 1967 han tenido que ver con el conflicto deberían hacer causa común en beneficio de la Nación y no andar en reclamos inútiles de responsabilidad.
Nuestro respeto por el derecho internacional no nos permite aplicar una sentencia absurda que entrega a intereses extraños la estabilidad en el Mar Caribe. La acción diplomática colombiana debe encauzarse a lograr el respaldo internacional en estos propósitos y a negociar con Nicaragua, para poder llegar al entendimiento al que no conduce la sentencia.
Mientras tanto, como dice el Vicepresidente, la sentencia no puede aplicarse y esto es, no abandonar por ningún motivo la presencia soberana en la zona en disputa, mantener nuestras corbetas en el meridiano 82 y proteger a nuestros pescadores, que de manera alguna deben pedir autorización para realizar su actividad a autoridades distintas de las colombianas.