Roba, pero hace. Esta frase, que se atribuye a algún eslogan de campaña en América Latina, muchas veces no está tan alejada de la realidad política de nuestros países, en los que una y otra vez nos cuestionamos cómo algunos candidatos de probada reputación delictiva logran acceder a puestos de poder a través del voto popular.

Culminada una jornada de formación para militantes políticos, una de las participantes preguntó cómo podía explicarse que un gobernante en Uruguay pudiera haber sido el más votado a pesar de existir pruebas de su proceder inescrupuloso, al haber utilizado su poder, a través de su cargo, en actos de acoso sexual.

A pesar de que a todos nos gusta expresar nuestro sentir y tenemos una opinión al respecto, es difícil poder argumentar con certeza si no contamos con una investigación que pruebe nuestros dichos en ese caso puntual, así que, al no contar con ese elemento, es preferible el silencio y admitir el desconocimiento. Esa fue mi respuesta.

Pero más allá de un más que reprobable caso puntual, es notorio que el comportamiento electoral ha variado sustancialmente en América Latina respecto a casos que antiguamente merecían la condena. Actualmente los ciudadanos parecen no medir con la misma vara que antaño los casos de irregularidades, corrupción, acoso, etc.

Prueba de ello son algunas de las elecciones presidenciales que hemos tenido en los últimos años en la región.  En el proceso chileno de 2021, uno de los candidatos que puede considerarse dentro del grupo de los ganadores fue Franco Parisi, tercero en los comicios superando a los históricos postulantes de la Concertación y de Chile Vamos.

Parisi tuvo que realizar la campaña electoral desde el exterior, porque existían grandes posibilidades de que fuera apresado si pisaba territorio chileno por no abonar la pensión alimenticia de sus hijos. Además, el líder del Partido de la Gente contaba con denuncias de acoso sexual en Estados Unidos, en tiempos de haber sido profesor del Rawls College Business.

Para casi 900 mil chilenos estas manchas en su reputación no fueron un impedimento a la hora de respaldar su candidatura presidencial. Obtuvo un 12,8% de los votos.

En 2022 Costa Rica eligió nuevo presidente. El preferido de la ciudadanía fue Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático. El actual candidato tico tuvo una campaña un tanto turbulenta, ya que se comprobó que en 2019 había sido sancionado por el Banco Mundial, lugar en el que trabajaba, debido a “insinuaciones sexuales” y un “patrón de comportamiento inapropiado no deseado”, en resumen: acoso sexual.

La respuesta estuvo en las urnas. El actual jefe de Estado consiguió más de 350 mil votos en primera vuelta y llegó al sillón presidencial en balotaje, con más de un millón de adhesiones (52,82%).

La presidencial de 2022 en Colombia no fue la excepción. Aquí se hizo historia en esos comicios, ya que por primera vez la izquierda llegaba al gobierno y, además, el oficialismo uribista no alcanzaba la segunda vuelta. Paradójicamente, quien se posicionó en ese segundo lugar fue el candidato Rodolfo Hernández.

El longevo postulante hizo una campaña que es referencia en las redes sociales, fundamentalmente en TikTok. Desde allí consiguió el apoyo de gran parte del electorado colombiano que hizo caso omiso de las denuncias de corrupción de las que era objeto el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ¿vale la redundancia?

Hernández, cuyo mensaje central era terminar con la corrupción, paradójicamente fue convocado por la justicia en calidad de indagado por la adjudicación ilegal de un contrato cuando fue gobernante de Bucaramanga.

Para la ciudadanía colombiana no fue un impedimento la acusación judicial ni la incoherencia entre el mensaje electoral y su accionar político. Más de diez millones de personas votaron en segunda vuelta por Hernández, el 47,31%, aunque finalmente fue vencido por Gustavo Petro.

Hoy hay quienes preguntan cuánto podría pesar al oficialismo uruguayo en una próxima elección el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, procesado por asociación para delinquir en un caso digno de una novela negra escandinava que involucra a referentes políticos. No hay una respuesta –o no la conozco– que esté amparada por investigación, pero todo hace pensar que con ese caso no bastará para sacar ventajas al Frente Amplio.

Las irregularidades, la corrupción, las malas prácticas, los casos de acoso, las faltas éticas y morales, en estos últimos años, no parecen ser un factor que excluya a los candidatos de alcanzar puestos de gobierno en América Latina, pero seguramente sí son uno de los factores que están llevando a que haya cada vez menos credibilidad en los partidos políticos, en los gobernantes y en la democracia en general.