La inseguridad en las distintas ciudades del país, incluso en las zonas rurales, es notoria. Los robos no sólo son a residencias cada vez incrementan, también los hurtos en los que los ciudadanos muchas veces resultan heridos, si tienen la suerte de no terminar asesinatos por un simple reloj, un celular o una billetera. Otra vez oímos que matan líderes sociales, defensores de derechos humanos, exguerrilleros que se acogieron a la terminación del conflicto armado, candidatos a las Alcaldías o Concejos municipales y la existencia de innumerables bandas de delincuentes del crimen organizado. Por otro lado, las bandas o carteles del narcotráfico, movimientos guerrilleros alzados en armas o disidencias de las Farc, grupos de venezolanos sin empleo ni medios de vida, y los grupos denominados paramilitares, contribuyen a la angustia, el desconcierto, la incertidumbre y la confusión de la ciudadanía.
Pero no es para menos; el Gobierno tiene que hacer algo, tiene que demostrar acciones contundentes que controlen esta situación y permitan de alguna manera rescatar la seguridad que se ha perdido en nuestro país. Los organismos de inteligencia, la policía y las fuerzas militares tienen que comprometerse y reaccionar con acciones. El silencio o los discursos sin contenido ni resultados de quienes tienen la responsabilidad de dirigir el orden público y la seguridad ciudadana ya nos tienen cansados a todos. Se está generando un ambiente muy preocupante donde la gente no ve garantías sobre sus vidas y en defensa de sus bienes.
Por otra parte, las declaraciones de los disidentes de las Farc han causado mucha angustia en el exterior, lo cual tiene graves consecuencias en Colombia, pues muchos inversores se están tomando un tiempo en sus proyectos para tener mayor claridad respecto del rumbo en esta materia de nuestro país.
Si bien es cierto que el actual gobierno recibió el país en medio de un clima de inseguridad, que políticamente quisieron cobrarle al actual Presidente sin ni siquiera haberse posesionado, hoy en día es necesario que tome decisiones urgentes en la solución de la inseguridad y la acción de grupos ilegales. Los jefes de las entidades responsables deben responder y, si no dan resultados a la mayor brevedad, ya que han tenido el tiempo suficiente de hacerlo, deben ser removidos de sus cargos; de lo contrario, la responsabilidad y consecuencias llegarán al más alto nivel del gobierno.
Los dirigentes de la rama judicial del poder público deben también tomar medidas extraordinarias para que se aplique la justicia y no triunfe la impunidad. No entiende la ciudadanía cómo cuando se coge en fragancia a un individuo cometiendo un delito y es privado de su libertad y puesto a disposición de la justicia, en pocas horas es dejado libre y nada le impide regresar a la delincuencia, algo que incluso genera en los policías frustración e inactividad de sus responsabilidades.
La inseguridad, corrupción, impunidad y los actos delincuenciales no pueden seguir creciendo pues iríamos dirigidos directo al abismo. La vida exige tomar acciones efectivas y contundentes en los tiempos y horas adecuadas; ya estamos al límite.
Ahora bien, no podemos entrar en sentimientos pesimistas o negativos. Pero tampoco podemos esconder lo que está aconteciendo.
Invito a los responsables del orden público y la seguridad ciudadana a que no dejemos avanzar más a los delincuentes y los corruptos.
Necesitamos de medidas extraordinarias y acciones concretas ya mismo.