Colombia tiene la particularidad de ver atravesado su territorio por tres cordilleras, de tener costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, altas montañas que tocan el cielo, y una inmensa llanura que se pierde en el horizonte llegando a la Amazonía. Por eso no se podría hablar de un solo país sino de varias Colombias. La exuberancia y diversidad de nuestra geografía, unidas a la dificultad de comunicación que se derivan de ella, hicieron lento el proceso de conquista, incidieron en la desagregación de la Gran Colombia, han marcado la compleja historia de la construcción de la nación y las características de nuestra economía, al tiempo que siguen determinando, entre otras variables, las posibilidades de nuestro desarrollo.

Comparada la situación de Colombia con la de otros países, en circunstancias similares en América y en el resto del mundo, es evidente que la creación y ampliación de las infraestructuras vitales para el desarrollo, siguen siendo de los grandes retos estratégicos de la política pública y uno de los campos en que tenemos que acelerar la marcha para superar el rezago del que hablan nuestros planes de desarrollo y los programas de gobierno de los últimos treinta años. 

Por supuesto no es la geografía la única explicación, ni puede convertirse en excusa complaciente frente a algunas inconsistencias y posibles errores. Basta decir que un país con acceso a dos océanos, apenas si figura en los rankings en materia portuaria o en explotación pesquera; un país con una  parte significativa de la reserva hídrica del continente, ha tenido avances en materia hidroeléctrica que deben consolidarse, pero no ha logrado un sistema sostenible de transporte fluvial por el río de la Magdalena o por el Cauca, o por muchos otros afluentes que surcan el territorio. Un país con infinitos recursos y posibilidades de explotación en todas las escalas climáticas, no logra el desenclave de los productos y por tanto el acceso a los circuitos de comercialización para su aprovechamiento interno y para su exportación.

Para muchos la opción ferroviaria imaginada a finales del siglo XIX y comienzos del XX hubiera sido una alternativa, que apenas ahora intenta reactivarse parcialmente. Ella terminó asfixiada por los esfuerzos para integrar el territorio y asegurar el transporte de bienes y personas por un sistema de carreteras que se fue ampliando lentamente, junto con la opción aérea. Al respecto vale la pena recordar el precoz surgimiento de la aviación comercial, y luego de la empresa pública Satena, ligada estrechamente a la Fuerza Aérea Colombiana, para cubrir las rutas hacia los antes llamados “territorios nacionales” -esas zonas apartadas que resumen la otra Colombia a la que aún no termina de llegar el Estado-. 

El reconocimiento de la insuficiencia y lentitud de estos procesos explica los esfuerzos de los últimos años, con cinco generaciones de concesiones para el transporte terrestre y, particularmente, en el caso de la última generación, llamada 5G, de un empeño más significativo para ampliar otras infraestructuras como la marítima; la aérea, con un intento de modernización y ampliación de la red de aeropuertos; y en materia fluvial un esfuerzo aún incipiente; a lo que se suma en el último tiempo  el énfasis en el tan anhelado metro y la integración férrea con los alrededores de la capital.

En el último tiempo ha surgido la idea de un cambio de paradigma del desarrollo por las llamadas “infraestructuras verdes”, y por una mayor valoración de las “infraestructuras sociales”, con énfasis en energías renovables y fuentes no convencionales, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales como el viento y el sol, que abarcan obras como parques eólicos, marítimos y terrestres, granjas fotovoltaicas, plantas termosolares y el hidrógeno verde. Las alianzas público-privadas están centrándose también en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, educativa, recreativa, deportiva y cultural.

Al respecto, sin duda, se requiere un balance entre metas ambientales y sociales necesarias y deseables, con opciones graduales y realistas que mantengan la confianza. Para ello los principios regulatorios, la libre competencia, la autonomía de los órganos técnicos especializados, así como el papel de los jueces que hacen cumplir los mandatos constitucionales y legales, deberán ser los referentes indiscutidos y no la ideología o el parecer cambiante de algún ministro o ministra en busca de estrellato.

Para hacer posible el cambio de paradigma se requiere, en efecto, el respeto de los contratos, de la institucionalidad y de la normatividad que los sustenta, y de señales claras a los posibles financiadores para que se sigan trayendo inversión al país, sin la cual todo lo dicho sería simple utopía y fuente de peligrosos desencantos.

@wzcsg