Se cumplió el término establecido por el llamado Estatuto de la Oposición para los partidos políticos, dentro del primer mes de gestión del nuevo gobierno, para declararse en oposición, como independientes o como organización de gobierno.

La motivación de dicha ley tiene como objeto central determinar los derechos de la oposición y también de quienes optan por la independencia, entre comillas, en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz.

Es decir, es una herencia del acuerdo de paz del Teatro Colón con las Farc que pretendía garantizar a todos en el futuro, pero en la coyuntura especial, dar garantías a la oposición que se hiciere a las nuevas curules asignadas a la guerrilla.

Se sobrentiende en el Estatuto (Ley 1909 de 2018) que quienes dieran el respaldo al candidato elegido serían, por obvias razones, parte de su gobierno y de la coalición. Así lo define la ley: las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo … se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno y como tales no tendrán los derechos de la oposición o la independencia.

Esto tiene toda la lógica. Es claro que el Pacto Histórico, los Comunes, ASI, Alianza Verde y el Partido Liberal, que convergen y ganaron la contienda, conformen la organización de gobierno.

El Partido Conservador Colombiano, con una tradición y doctrina opuesta, que presentó un candidato propio y se unió en una coalición contraria, no tiene excusa ni justificación para dicha declaración. Ahora juntos, como lo dijo el comunicado liberal, podrán decir “Somos gobierno”.

Las razones se escudan en aducir que la declaración se mantiene siempre y cuando se preserven y salvaguarden los principios fundamentales del espíritu conservador y en la posibilidad de modificarla, por una sola vez, durante el período de gobierno. Bien se sabe que los principios no son negociables y menos cuando se contraponen.

Además, ninguna de las otras dos opciones negaba la posibilidad de hacer una oposición reflexiva o constructiva, como se llamara en otros tiempos. Por el contrario, la militancia queda acéfala de una representación versada con voz y posiciones contundentes, como lo tuvieran, en su momento, quienes ahora están en el poder.

También pierde la militancia, aunque menos importante, en el acceso a derechos que establecía el mismo Estatuto como son, entre otros: el derecho a réplica, la participación en la Comisión de Relaciones Exteriores, la exclusividad en sesión específica de debate del Plan de Desarrollo y el Presupuesto, el mayor acceso a los medios de comunicación del Estado y las intervenciones, hasta tres veces al año, en  espacio nacional para controvertir la posición del gobierno en las alocuciones presidenciales e incluso, hasta tres veces por legislatura, para determinar el orden del día de plenarias y comisiones para ejercer un mayor control político.

Por supuesto, si son independientes o de la oposición no pueden ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno, ni dentro de los doce meses siguientes a su retiro de la organización política, si han estado en la parte directiva o han sido candidatos a cargos de elección popular.

Como dijera Mafalda: Y por favor, que se encuentre la cura, para las deficiencias en la glándula de la incoherencia humana. “Ser coherente no es fácil, pero vale la pena porque la incoherencia es demasiado costosa” (Eduardo Alighiere)   

*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI

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