Dentro de los asuntos que deberán estudiarse y, si fuere el caso, corregirse en el futuro, está el tamaño del estado, que ha crecido desde la reforma constitucional de 1991 y que hoy -sin contar los gastos del Covid-19- llega al 30% del PIB. Cada incremento del gasto gubernamental conlleva una reforma tributaria y a ello nos veremos abocados más temprano que tarde. La discusión no puede centrarse en el tema del gasto público como mecanismo de redistribución que no ha logrado corregir la desigualdad, sino más bien en el tema del gasto superfluo o innecesario, comenzando por el que ordena cada rato el congreso sin considerar las aulagas presupuestales.

Y, dentro de ellos, está la reducción de los tamaños del propio Congreso, pero también de las asambleas departamentales y los concejos municipales. Añoro las épocas en las que el Concejo de Bogotá tenía veinte miembros ad honorem y allá no llegaban sino prohombres destacados. Se requiere un análisis serio e independiente da la Comisión del Gasto Público. La de 2017 rindió su informe en 2018.
Con la desaparición de millones de empleos es necesario abocar una reforma laboral (que incluya la pensional, especialmente de las megapensiones) para facilitar la creación de empleo. El trabajo por horas que propone Fenalco, por ejemplo.

 Se equivocan quienes creen que es para beneficio de los empresarios. Es para que quienes no tienen empleo lo consigan y para vincular a la economía formal a microempresarios (tenderos, por ejemplo) y a quienes rebuscan la plata en las calles (y no me refiero a los ladrones). 

La Andi ha propuesto un plan de diez puntos para reactivar la economía. Hay que ponerle atención.

Cuando leemos que ha sido necesario intervenir los hospitales de Santa Marta, Quibdó y Leticia, entre otros, porque sus instalaciones están sin terminar, han desperdiciado recursos en material nuevo que está arrumado a la intemperie, no le pagan oportunamente a los trabajadores y tienen condiciones higiénicas precarias, y que las EPS piratas andan por doquier y se roban la plata de los afiliados y tantos otros males que han aquejado históricamente el sector, nos damos cuenta de que la Superintendencia de Salud ha sido históricamente mal manejada y que sólo el Covid-19 ha logrado que se ponga las pilas. 

Cualquier reforma definitiva a la salud debe comenzar por ahí. Los hospitales que se han clausurado o han sido intervenidos deberían pasarse gratuitamente a la administración de las EPS que sí funcionan o de las Cajas de Compensación.

Aunque chillen los mamertos enemigos de las fuerzas armadas por la asesoría de los gringos, la lucha contra el narcotráfico debe intensificarse hasta erradicar semejante mal y para ello deben usarse a fondo los militares y la policía, bombardeando cuando sea necesario y usando glifosato en los cultivos.

La deforestación, la minería ilegal y la minería ilegal deben detectarse con drones, pero no los de juguete que venden en Pepe Ganga, sino militares que avisen para que se movilicen tropas en helicóptero porque en camión no van a llegar nunca y dotarlos de armas para atacar a los delincuentes.

***
Coda uno: Conozco y respeto a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y me honro con su amistad. Si Iván Cepeda, mamerto defensor de las Farc de siempre, y Gustavo Petro, guerrillero y expresidiario amnistiado, atacan a alguien es porque lo está haciendo bien.
Coda dos:  Hay que apoyar la campaña de “compra colombiano”. Hace años casi todo lo que se conseguía era nacional. Ahora importamos hasta café. Y el etanol, el arroz y otros productos entran con dumping.