ARRECIFES

Trashumantes tránsfugas

El  Consejo Nacional Electoral es la entidad del Estado que tiene a su cargo, entre cosas, la de velar porque los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías. Y esa, que parece una labor relativamente fácil y rutinaria en cualquier país decente, en Colombia no lo es.

Uno de los peores males de nuestra exigua democracia es el de la trashumancia electoral, detrás de la cual se mueve una gran estructura corrupta que involucra verdaderas organizaciones criminales. Son como las “bacrim”, recorren el país asesinando la  democracia municipal.

Aunque el artículo 316 de la Constitución manda que en las elecciones de autoridades locales “solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio” las mafias  alteran el censo electoral trasladando gente de un lado a otro. En manada, como si fuera ganado, llenan buses y camiones de gente corrupta que vende su voto a domicilio.

Afortunadamente las autoridades han ido aprendiendo y cada vez se hacen más severos y sofisticados los controles para acabar con ese terrible mal. Este año el CNE expidió la Resolución 0333 de 2015 que tuvo el maravilloso acierto de facultar las investigaciones de oficio. De esa manera se aprovechó la información de los medios de comunicación que normalmente son los primeros que alertan sobre ese tipo de situaciones.

Esa idea, y la de modificar el procedimiento sumario de investigación de ese tipo de situaciones ha dado magníficos resultados para el CNE, pero pésimos para establecer la moral de la nación colombiana. Gracias a las indagaciones de los magistrados del CNE se ha comprobado que en Colombia en materia electoral existe un verdadero estado de cosas corruptas.

Es absolutamente increíble que el número de trashumantes electorales en Colombia para elecciones locales ascienda a la vergonzosa cifra de ¡dos millones de personas! Semejante cantidad de gente vendiendo su voto habla de una muy deficiente educación en democracia y valores democráticos.

En Soledad (Atlántico) anularon 30.759 registros. Y solo presentaron 30 recursos en contra. 30.729 personas corruptas puestas en evidencia. En Pandi, uno de los pueblos más pequeños y pacíficos de Cundinamarca, anularon 647 registros de 938. Y es seguro que esos 291 que sobrevivieron, no es que no sean tramposos, es que no se pudieron descubrir.

El tema de ese tipo de corrupción electoral es tan grave que hay muchos alcaldes que van a pasar de sus despachos a la cárcel, porque para engañar al Consejo Electoral no se les ocurrió mejor idea que adulterar los registros del Sisben. Irresponsables que de esa manera no solo afectan el censo electoral, sino el sistema de salud.

La encomiable tarea del CNE debería complementarla la Fiscalía adelantando investigaciones penales no solo a quienes inscritos como falsos residentes incurrieron en falso testimonio, fraude procesal, fraude en inscripción de cédulas y en toda suerte de delitos contra los mecanismos de participación democrática, sino a las mafias que montan toda esa logística que se requiere para trastear 2 millones de personas.   

Y hay que hacerlo antes de que los trasteadores ganen las elecciones, pues la plata que invirtieron no tienen más de donde recuperarla que de los presupuestos municipales.   

Quinternatte