“Abogados sofisticados”
En las últimas semanas han vuelto a estallar varios escándalos de esos que recuerdan que uno de los mayores males que aquejan al Estado colombiano es que algunas de sus actividades han caído en manos de eso que llaman “hombres de negocios”.
La crisis de la salud, aunque vieja, cada día nos actualiza su crueldad en forma de “paseos de la muerte” o de dramas con protagonistas infantiles mendigando la autorización de alguna EPS para un tratamiento especializado de algún usuario o beneficiario del sistema general de salud.
Desde 1993 cuando el país se embarcó en la malhadada idea de privatizar los servicios de salud, el país ha venido asistiendo al absurdo espectáculo de la conversión de las empresas privadas de salud en poderosas instituciones financieras, que han ido acumulando ganancias al mismo ritmo que han venido deteriorando la salubridad de los colombianos y pauperizando las condiciones laborales de los profesionales médicos.
El Estado decidió entregarles la prestación de los servicios de salud a los hombres de negocios, y éstos la han convertido precisamente en eso: en un negocio, divinamente estructurado por “abogados sofisticados”.
“Abogados sofisticados”, son esos de oficinas pomposas, capaces de formular soluciones imaginativas para, por ejemplo, aprovechar la integración vertical de los servicios de salud para construir un monopolio financiero y convencer a las autoridades de control que da igual construir clínicas que campos de golf.
O son los mismos que un día aparecen en un organigrama publicado por la Policía Nacional, señalados de haber estructurado el andamiaje de las pirámides que se derrumbaron como castillos de naipes, y al siguiente se los borra como por arte de magia de cualquier investigación en el lavado de activos de esos clientes que pagaban en efectivo. Son tan sofisticados para aparecer, como para desaparecer.
También se necesitaron muchos “abogados sofisticados” para estructurar todo el andamiaje de los carruseles de las diferentes contrataciones que se robaron en Bogotá y a Bogotá. Grandes firmas del jet set jurídico-empresarial han desfilado por la Fiscalía y algunos hasta los han detenido. Y, todos, como dicen las señoras bogotanas, son “gente divinamente”.
Lo peor no es lo que han hecho. Es lo que siguen haciendo. Porque como en la famosa frase de López de Mesa, todavía “no están todos los que son” y los más peligrosos son los que no están, pero son y hacen.
Inventarse 27 compañías de papel para que una empresa adquiera tierras como si fuera un campesino desheredado es propio de esos abogados, cuya función parece que es aprovechar cualquier hendija legal, para hacer negocios o para hacer que los hagan.
Lo peor no es que encuentren los vacios legales, lo peor es que algunos se los fabrican a medida desde el mismo Congreso y se los cubren después desde los propios órganos del Estado, que está lleno de “abogados sofisticados” y de “hombres de negocios”, en una puerta giratoria en la que pasan de corredores de bolsa a vigilantes financieros, en maniobras que no son de sofisticación jurídica, sino de ese manifiesto descaro que solo produce la impunidad.
@Quinternatte