Los peligrosos

Algunas  noticias recogidas la semana pasada en la prensa nacional daban cuenta de la alarma que causa la liberación de personas sorprendidas en flagrancia cometiendo delitos contra la propiedad con uso de violencia contra las personas. A pesar del paro judicial, parece que Fiscales y Jueces que sí trabajaron durante este período, adoptaron decisiones en semejante sentido, relacionadas con personas supuestamente vinculadas a una banda organizada dedicada al hurto de bicicletas.

En ese caso, la Policía Nacional se quejaba por la liberación de personas que habían detenido y entregado a las autoridades judiciales para un encarcelamiento que aparentemente nunca ocurrió. Esos desencuentros entre Jueces, Fiscales y la Policía por ese tipo de hechos, no son nuevos y probablemente se han incrementado desde el 1 de enero de 2005 cuando empezó a regir el sistema penal acusatorio.

Y tampoco son novedosas las protestas que cada tanto se leen, o se escuchan o se ven en la prensa porque se dejen en libertad personas que por su prontuario o por los ilícitos que han cometido, generan alguna alarma social.

El tema de la privación preventiva de la libertad personal de individuos comprometidos en conductas penales es uno de los que más dividen a cualquier sociedad y la colombiana no es la excepción, a pesar de que existe una detallada regulación legal sobre el particular.

Probablemente una de las situaciones que más dificultades ofrece o que más discusiones genera es el de la detención domiciliaria pues se encarcela o se detiene, pero en su casa, a una persona porque el Juez califica que el imputado no es -para enviarlo a su casa- o sí lo es -para encarcelarlo- un peligro para la sociedad.

El concepto puede llegar a ser tan discrecional y tan absolutamente opcional para el Juez, que ha permitido enviar a establecimientos carcelarios a personas sobre las que existe consenso social de que son gentes de bien, pero que han tenido la mala fortuna de enfrentar un problema penal y en contraste se ha enviado a su casa a individuos de reconocida trayectoria criminal o comprometidos en delitos violentos.

En un país con tan altos índices de criminalidad como Colombia, debería ser regla que el uso de la violencia contra las personas para la comisión de cualquier delito, no solo amerite la detención preventiva, sino la prohibición de cumplirla en su domicilio. Al  que es capaz de amenazar o de usar cuchillo, navaja o revólver para despojar a una persona de un celular o de cualquier bien, no debería dársele ninguna gabela.

Pero no siempre es así; hemos visto atracadores cumpliendo detención en sus casas, porque a veces los Jueces, a petición de los Fiscales, o por lo menos sin su oposición, terminan siendo más drásticos con algunos funcionarios públicos que se han equivocado en algún procedimiento legal que con aquellos que atracan a mansalva y sobreseguro.

De las reformas judiciales que hacen falta en el país, no sería mala idea que en la próxima vuelvan a plantear el tema de las detenciones preventivas, porque hoy, como hace 50 años, ya no se le niega una a nadie.

@Quinternatte