Prueba de fuego para Petro

El  lunes se terminaron los contratos del Distrito con los operadores privados que recogen las basuras. El alcalde Petro ha venido defendiendo el derecho que tiene su administración para definir la mejor manera de prestar el servicio disponiendo lo que corresponda a la defensa de los intereses de los usuarios, vale decir, sus gobernados en toda la jurisdicción de la capital.

El Alcalde fue elegido popularmente. Gobierna con los parámetros constitucionales, según los cuales Colombia es una República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus Entidades Territoriales. Como tal, también por mandato de la Carta, tiene a su cargo la prestación, directa o indirectamente, de los servicios públicos domiciliarios, como el de recolección de basuras.

Las controversias que existen son enormes. De por medio están las empresas privadas que hoy atienden servicio, las cuales reclaman sus derechos con base en la libertad de empresa y la posibilidad de competir. Aseguran que continuarán prestando el servicio, aun en contra de la voluntad distrital, pues  la autoridad, dicen, ha desbordado las atribuciones legales.

El Gobierno nacional ha estado atento y alerta. El propio presidente Santos ha manifestado solidaridad con el Alcalde y le ha ofrecido la cooperación del Gobierno para el buen cumplimiento de sus atribuciones. De por medio hay quejas, reclamos, acciones, que han prendido las alarmas en las Superintendencias encargadas de vigilar y controlar la actividad empresarial, garantizar que se cumplan las prescripciones legales en materia económica y asegurar la prestación oportuna, adecuada y eficiente de los servicios públicos.

Importantes fueron las declaraciones del Superintendente de Servicios Púbicos a la revista OlaPolítica, en las que se precisaron funciones, atribuciones, responsabilidades y competencias.

El usuario, sus familias, son la parte importante del proceso. A ellas y a ellos, a su bienestar, deben estar dirigidas todas las preocupaciones y todas las acciones. Por eso se espera que en estos días se allanen las diferencias y resulte dable organizar todo de la mejor manera. Siendo que el Alcalde es el que debe responder a la comunidad, es de sana lógica entender que las demás autoridades procuren lo necesario para cooperarle en el buen cumplimiento de sus deberes.

Por supuesto el burgomaestre entiende perfectamente el alcance de las normas legales que durante tantos años, en su paso exitoso por el Congreso, ayudó a elaborar y a expedir.

En suma, se trata de que exista coordinación entre los diferentes círculos del sector oficial, para el buen resultado de la gestión pública. Cada uno dentro de sus importantes atribuciones y todos en busca del bien común, como lo exige la Constitución Nacional. Ojalá que a ello se llegue, en esa prueba de fuego a la que está sometido el Alcalde.

Éxitos y nada de distraerse con los oportunismos que hablan de revocatoria. Los demócratas sabemos que más allá de  diferencias partidistas está la democracia. Ella indica que Gustavo Petro se ganó en las urnas el derecho a gobernar.