¿Apenas comienzan los pleitos?

Han sido nueve días de indignación, opiniones diferentes, controversias, debates sobre el fallo y denuncias contra la comisión que representó los intereses de Colombia. También contra los gobiernos que actuaron a lo largo de los once años que duró el proceso. En el Congreso hablaron de declarar traidores a la patria a los funcionarios que resulten responsables de la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima en el Caribe.

La verdad es que si llegaren a deducirse responsabilidades políticas y gubernamentales, los únicos que no tendrían “velas en ese entierro” serían el actual Presidente de la República y su Canciller. Solo les tocó mirar las últimas actuaciones del equipo de defensa, conformado diez años antes, y conocer el fallo de la Corte Internacional. Los dos gobiernos anteriores nombraron a los delegados colombianos que representaron a Colombia, contrataron asesores internacionales, asumieron la competencia de la Corte, presentaron excepciones, aceptaron que se descartara el meridiano 82 como frontera, presentaron pruebas, alegaron, en fin, corrieron con la responsabilidad de atender el pleito.

El buen juicio indica que a este respecto no deben asumirse actitudes precipitadas. Ni que se hagan linchamientos morales, políticos o éticos, sin conocer a ciencia cierta todo lo que pasó y por qué pasó. Por fortuna el Gobierno informó que ya cuenta con un comité asesor diferente para emprender las tareas que corresponden a buscar las aclaraciones necesarias, pedir revisión en lo que sea dable y denunciar ante las Naciones Unidas los desconocimientos y atropellos que se han advertido. Es lo que se pretende hacer, según informaciones públicas.

Entre acatar el fallo y rechazar la sentencia ha surgido una tesis muy importante que debe estudiarse. No es posible  reconocer ni aceptar ni acatar un fallo que no se puede ejecutar. Opinión del exministro Jaime Pinzón, en Ola Política.

Varias razones se han expuesto para sustentar el planteamiento: con base en el meridiano 82 como línea de frontera, Colombia suscribió tratados limítrofes vigentes con Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Panamá. Si se acata el fallo se desbarata la geografía del Caribe y se desconocen olímpicamente los derechos de seis naciones.

Nicaragua no debiera precipitarse a ejercer vigilancia sobre los 75.000 kilómetros cuadrados a que se refiere la sentencia de La Haya, hasta que no se resuelvan los recursos y denuncios de Colombia y se sepa si la providencia es ejecutable. Todo indica que no lo es.

Como han dicho que Nicaragua reclamará más áreas marinas y que sus propósitos contra Colombia no cesarán hasta no quedarse con el Archipiélago, hay que estar atentos a los movimientos que se den en la República centroamericana. Por cierto, ya vienen sus barcos y se van a encontrar con los colombianos.

La situación  no es fácil. Todo menos la guerra, que es improbable. Entonces, tocará seguir pleiteando. Ojalá que para enfrentarlos, los nuevos defensores de nuestros derechos examinen a fondo de qué se trata y nos eviten nuevos dolores de cabeza.