El Fiscal General
Álvaro Gómez Hurtado fue el principal líder, promotor de la creación de la Fiscalía General de la Nación. En el CEC -Centro de Estudios Colombianos-, fundado por los doctores Gómez y Ospina Pérez y que hoy me honro en presidir, hicimos multitud de debates, foros y proyectos acerca de esta institución excepcional que tanto ha hecho por Colombia en la lucha eficaz contra la delincuencia común, el terrorismo, la guerrilla, el narcotráfico y la corrupción. Como toda obra humana registra históricos aciertos y también lunares, vacíos y debilidades.
El mismo fiscal general Eduardo Montealegre con frecuencia ha planteado la urgencia de hacer reajustes y correctivos. Un país puede vivir sin vías de comunicación y hasta sin hospitales y escuelas, pero sin justicia no puede vivir. La justicia es la que garantiza derechos primarios y fundamentales como son la vida, el patrimonio moral y material, la dignidad personal y familiar, el trabajo y mil condiciones y circunstancias más.
Repetimos, antes de la creación de la Fiscalía, los jueces de instrucción criminal y todos los institutos investigativos actuaban como ruedas sueltas, anárquicamente y con frecuencia se contradecían o se convertían en instrumentos de impunidad o de persecución. Hacía falta un ente de rango constitucional que unificara la política criminal, le diera categoría y asumiera la responsabilidad total en el momento clave del derecho penal, que es aquel relacionado con la identificación de los culpables y las pruebas para castigar. Hoy, un fiscal no actúa con criterio personal o individual. Es un agente del Fiscal General, quien dirige y además tiene funciones de Policía Judicial. El Fiscal General actual acabó con la dispersión y sobre todo con el investigador “orquesta”. Ahora se actúa con tendencia hacia la especialización. Una cosa son los delitos de sangre, otras las infracciones contra la propiedad o los ataques al orden jurídico e institucional.
En la Academia se comentan los vicios, fallas y excesos del sistema. La participación del ejecutivo en la escogencia del Fiscal debe modificarse. Una posible fórmula podría consistir en invertir el procedimiento. Que sea la Rama Judicial la que proponga candidatos expertos en penal. Los fiscales deben gozar de inamovilidad, y para ser seleccionados, contar con larga experiencia, madurez intelectual y física y especialización en criminalística. No todo puede hacerse a ojímetro o según la malicia indígena. Además de los controles institucionales, el Fiscal debe ser supervigilado como ocurre con todos los altos funcionarios. A cierto nivel del servicio público también se debe responder ética y socialmente por decisiones -o abstenciones- claramente nocivas para la sociedad. A todos los fiscales se les ha criticado la actitud asumida frente a casos concretos. A De Greiff se le cuestionó la absolución apresurada del doctor Samper. Podríamos citar otros ejemplos muy puntuales. Lo haremos adelante, con los argumentos expuestos en uno y otro sentido. Al doctor Montealegre se le aplauden unánimemente sus aciertos, pero también le piden explicación por el silencio en otros casos adscritos a su jurisdicción. Eduardo Montealegre es de los fiscales más preparados y honestos. No es fácil estar en paz con todos.