“Camino del proyecto, carrera de obstáculos”

De manera apresurada el Congreso de la República está tramitando el proyecto de reforma constitucional que busca unificar los periodos de cargos de elección popular regionales y nacionales. La propuesta no es nueva, ya en anteriores gobiernos se buscó que los alcaldes y gobernadores ejercieran de forma concomitante con el Presidente de la República.

La iniciativa tiene aspectos positivos y negativos. De aprobarse podría ayudar a superar los inconvenientes presentados con planes de desarrollo de los municipios, que justo cuando están acompasados con el Gobierno Nacional, en la mitad de la gestión de las administraciones locales, se presenta el cambio de Presidente, en ocasiones con ideas totalmente contrarias a su antecesor, generando choques entre el nivel central y el regional.

La separación de los periodos fue consagrada en la Constitución de 1991 como una manera de evitar la concentración de poder en un partido político o coalición, pues se pensó que si un movimiento lograba la mayor cantidad de votos para la Presidencia, ese recaudo se vería reflejado en las elecciones para Congreso, alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos municipales, obteniendo un manejo general de la burocracia estatal.

Contrarios argumentos, que son los que hoy se exponen para buscar dicha unificación, manifiestan quienes señalan que además de la armonía que se puede dar entre el sector central y el regional, el Estado ahorra una cifra importante de recursos, más en momentos de desbalances fiscales como los actuales. Solo las elecciones legislativas de este año costaron alrededor de 600.000 millones de pesos.

La polémica más fuerte está centrada en la transición para consolidar los tiempos de los mandatos, para lo cual se propone extender la gestión de los actuales alcaldes y gobernadores y con ellos los diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, situación que podría favorecer la gobernabilidad de estos mandatarios, ya que muchos de los proyectos planteados para el desarrollo de las ciudades apenas se empiezan a ejecutar. La proposición contempla que los periodos de autoridades regionales no culminarían el 31 de diciembre de 2019, continuarían hasta julio de 2022.

Con votaciones homologadas los planes de inversión tendrán más continuidad, teniendo en cuenta que cada que hay una jornada electoral se aplica la Ley de Garantías.

Otro tema es equiparar los tiempos de gestión de las cabezas de los órganos de control. Quejas recurrentes señalan que el gobernante que sale de la Casa Nariño deja un fiscal o procurador afecto a sus intereses. Incluyendo estos entes en la unificación esa situación quedaría superada.

Aunque ya fue aprobado el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el camino del proyecto será una carrera de obstáculos, no tanto por la homologación de las fechas de las votaciones, en lo que podría haber consenso. La manzana de la discordia está en la propuesta de ampliar el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores cambiando las reglas de juego vigentes  cuando fueron elegidos, y generando suspicacias por los intereses de los partidos políticos que se mantendrían en el poder por más tiempo.

@WilsonRuizO