El Acto Legislativo 3 de 1910 abolió la pena capital en Colombia, reformando radicalmente el artículo 29 de la Carta Política de 1886 al disponer que “El Legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso”. La prohibición constitucional tuvo, en aquella época, un soporte fundado en la experiencia histórica: revocada la Carta de 1863 por el señor Núñez, el regenerador, las guerras civiles y desordenes públicos ocurridos en ese periodo de 24 años, se “apaciguaron” en repetidas ocasiones condenando a la pena de muerte a quienes se oponían a los gobiernos de ese entonces, pena que en muchos casos se dedujo sin formula de juicio.
El señor Caro, encargado de la Presidencia de la República, enfrentó las revueltas de los artesanos en 1893 y dos años después, en 1985, aplicando normas decretadas en uso de las facultades del Estado de Sitio: la pena capital. En aquellos años también vivió el país la guerra de los mil días, conflicto que, igualmente, dio lugar a idénticas condenas de hecho. Estos odiosos episodios motivaron al legislador de 1910 a prohibir categóricamente el abuso del poder. Claro está que la muerte impuesta por las vías de hecho no ha cesado y no han faltado movimientos políticos que han reclamado revivir esa sanción y reformar el texto constitucional que la proscribe. Afortunadamente sus peticiones no han tenido eco.
El 9 de diciembre de 1990, día acordado para que el pueblo eligiera a sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno, en manos de Cesar Gaviria, decidió bombardear la “Casa Verde”, sede de las operaciones subversivas de los grupos insurgentes. El sorpresivo golpe militar “dio de baja” a más de cien militantes, condenamos a la “pena capital” a partir del bombardeo que dio inicio a la batalla preconcebida.
Recordar este episodio tiene como razón advertir que si la Asamblea Constituyente, se suponía, era el prólogo y el escenario de un acuerdo de Paz que le pusiera fin al conflicto nacional, el ataque militar del 9 de diciembre estaba denunciando la intención oculta de continuar la guerra a muerte, tal y como lo fue la eliminación de los miembros del partido Unión Patriótica. Pero no es este episodio el único de esa dramática política de Estado. Durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez fueron acribillados miles de trabajadores de la United Fruit Company; el 9 de septiembre de 1949 murieron abaleados en el recinto del Congreso los liberales Gustavo Jiménez y Jorge Soto del Corral; era en esa fecha la “Semana cívica por la paz y la concordia”. Hechos similares sucedieron durante la administración del presidente Gustavo Rojas Pinilla y los episodios se han repetido a lo largo del conflicto nacional.
En el sentimiento que se expresa públicamente ahora, por parte de quienes se oponen al acuerdo de paz, se advierte el ánimo beligerante y guerrero que se anida en la mente de sus líderes.