¿Habrá reforma judicial?
El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de instalación del nuevo Congreso de la República, circunscribió la tan anhelada reforma a la administración de justicia a la expedición de códigos, que sin una articulación adecuada no serán sino ruedas sueltas para ser aplicadas por jueces creados para el efecto de su aplicación, sin que se haya dado un proceso adecuado de formación de los operadores jurídicos, debido al corto plazo que por las circunstancias se da para que cada nueva especialidad judicial entre a ejercer funciones.
La Comisión Interamericana, en el Informe 044 de julio de 2008, definió el “Choque de Trenes” como un efecto: “el de generar y perpetuar una situación de indefinición de los derechos ya sea reconocidos o negados por los tribunales de instancia superior: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. El conflicto entre estas instancias judiciales superiores deja a los usuarios del sistema judicial en la incertidumbre sobre el curso de acción a seguir en los casos en los que las sentencias judiciales violan derechos protegidos por la Convención Americana”.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el 87° período de sesiones, había emitido concepto sobre el “choque” al tenor del párrafo 4° del artículo 5° del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Comunicación 1298/2004, con fecha 10 de agosto de 2006, dentro del proceso adelantado por Manuel Francisco Becerra contra Colombia.
He ahí el peligro: el activismo judicial, cuando no hay formación adecuada, lleva a un continuo choque de trenes, queno es más que la creación de jurisprudencias absurdas, fruto de una “guerra de poder y vanidades”, una “consolidación de la tiranía judicial”, un “choque de prevaricatos”, que no lleva más que al “cotidiano y permanente escenario ferroviario”.El gobierno, al estilo Pilatos, cada vez más dice que tienen que ser los jueces los llamados a asumir roles que en principio no les estaban asignados, para tratar de remediar los efectos de las inexistentes o deficitarias políticas públicas gubernamentales.
Ya en 1530, el antecesor del maquiavelismo, Francesco Guicciardini nos lo había advertido: “La Jurisprudencia se encuentra hoy en tal estado que, en la resolución de la causa, entre una razón jurídica evidente y la autoridad de un doctor que haya escrito algo se sigue antes ésta que aquélla. De ahí que quienes ejercen se vean forzados a leer a todo el que escribe y pierdan el tiempo necesario para razonar en la lectura -llevada a cabo con fatiga de espíritu y del cuerpo- de libros, semejándose así más a mozos de carga que a hombres de ciencia”.
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