Lunes 2 de septiembre, Suárez, Cauca. Karina García, candidata a la alcaldía, es asesinada con su madre y dos personas más. Su juventud, sus videos premonitorios y el salvajismo de su asesinato consternaron al país.
Una víctima más de la violencia política que regresa a ese medio país, extenso, incomunicado, con ausencia de Estado, atacado por una violencia narcoterrorista a la que llaman guerra, que busca hacerse al poder político en esos municipios abandonados.
De hecho, el Acuerdo mismo, es decir, las Farc, seleccionó 170 de ellos, los más afectados por la violencia que ellas mismas generaron, para que allí se desarrollarán Planes de Desarrollo con Enfoque territorial y sobre ellos se volcarán prioritariamente los recursos.
Cuando se pone sobre la mesa ese mapa de los 170 municipios a conveniencia de las Farc, y se superpone el mapa de la guerra, o mejor, el de la ilegalidad, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, que es también el de la presencia de los grupos armados ilegales, la coincidencia es total pero realmente no sorprende.
Y si superponemos un tercer mapa con las decisiones derivadas del Acuerdo en cuanto a Zonas de Reserva Campesina y a Zonas Veredales Transitorias de Normalización, pues también calzan a la perfección.
Mi ejercicio de geografía termina con el mapa de las pretendidas 16 Circunscripciones Especiales de Paz, y todo coincide. Entonces la sumatoria de esos “podercitos” locales es una red de “poder real”, en regiones donde sigue faltando el Estado y donde se desenvuelven los negocios boyantes del narcotráfico y la minería ilegal.
Buena combinación: poder nacional en el Congreso; poder local en alcaldías y consejos.
Entonces se entiende la insistencia en las circunscripciones, dizque para las víctimas, en regiones donde se mantiene encendida la hoguera de violencia de la amenaza narcoterrorista. Entonces se entiende por qué la violencia y los asesinatos contra alcaldes y concejales. ¿O alguien piensa que, después del asesinato de Karina, habrá elecciones democráticas en ese municipio?
Con ella, han sido asesinados siete candidatos; cinco han sufrido atentados, dos más secuestro, 40 recibieron amenazas y 54 han sido víctimas de violencia, pero aunque el gobierno es responsable de hacerle frente a la situación, y a fe que lo ha hecho, es claro que no es culpable de haber generado las condiciones de la violencia electoral, porque nadie sale a matar y amenazar candidatos de la noche a la mañana.
La responsabilidad es del gobierno que permitió esa superposición de violencias y “condiciones” negociadas con las Farc, de la cual Cauca y Nariño son ejemplo. 56 mil hectáreas de cultivos ilícitos, superpuestas sobre 218 mil de Zonas de Reserva Campesina. Cuatro Zonas Veredales, sobre las cuales se superponen 25 municipios con PDET. Presencia de los grupos ilegales, de donde, paradójicamente, los indígenas echan a machete a la Fuerza Pública, y finalmente, sobre la región se superpone la Circunscripción Especial No. 1.
¿Quién está poniendo alcaldes bajo la amenaza de las armas en esas regiones? Elenos, pelufos, disidencias, bacrim; es lo mismo, es el narcotráfico que necesita control territorial efectivo a partir del poder político, para que nadie meta las narices en sus negocios ilícitos, para corromper por las buenas o por las malas, para que el dinero de la recuperación se desvíe, porque no les interesan las vías, ni las escuelas ni el progreso. Necesitan mantener a la Colombia de esos mapas en el oscurantismo que proteja sus fechorías.
No es tarde para un gran operativo que permita el ejercicio de la democracia en esa Colombia olvidada y tan estratégica.
@jflafaurie