Impunidad contra el ácido
Como positiva para la sociedad podemos calificar la reacción de repudio general, que provocó el ataque perpetrado a Natalia Ponce de León; fue la gota que desbordó la paciencia y resistencia de los ciudadanos ante este tipo de agresiones, así lo manifestaron los medios de comunicación. Son muchas las víctimas que todavía reclaman justicia esperando verse resarcidas de asaltos similares al recibido por Natalia y el país no debe ser ajeno a la realidad. Imposible seguir impávidos permitiendo que delitos con perfiles tan grotescos se presenten en nuestra sociedad, por lo tanto es urgente tomar medidas ejemplarizantes ante estos embates tan fáciles de realizar y tan difíciles de soportar por los resultados y las consecuencias que enfrentan la víctimas.
Mi preocupación está dirigida al procedimiento posterior una vez realizada la captura y agotados los formalismos de rigor ordenados por la ley, un tanto engorrosos especialmente para los investigadores obligados a cumplir protocolos escrupulosos y exactos, pues el sistema penal protege los procedimientos al máximo, brindando el derecho a la defensa que nos obligamos a respetar; pero al amparo de la ley no podemos enredarnos en conceptos jurídicos y mucho menos permitir actuaciones tendientes a justificar un acto criminal tan bajo como el que nos ocupa; sobra reconocer que todo delincuente tiene derechos contemplados en la ley, entre ellos un juicio justo, que de seguro se adelantará, sin embargo, ya vemos cómo se está planteado un estado de drogadicción anterior y una historia de problemas sicológicos, seguramente con la intención de buscar atenuantes de cara a la justicia; todo criminal arrastra tras de sí una historial turbio en disímiles sentidos, familiar, personal, sicológico o como lo queramos llamar, que no lo exime de responsabilidad penal, obligándolo a pagar penas observadas en los códigos de acuerdo con la tipificación del delito, independiente de sus debilidades o patologías que serán atendidas en su momento, por lo pronto debe pagar la deuda con la sociedad.
Delincuente es delincuente y seguro invocará ante las autoridades factores de inimputabilidad jurídicamente especificados; identificamos como inimputable la persona que en el momento de cometer el hecho, por trastorno mental severo no comprende la dimensión de sus actos, ahora, sin ser abogado entiendo que en este caso no existe trastorno mental limitante de voluntad y conciencia de la agresión, asistimos a un acto reflexivo y deliberado excluyente de impunidad, pues tenemos antecedentes de homicidios cometidos en estados de intenso dolor, ira incontrolable, y otros, que no obstante son castigados con todo el peso la ley, como ante estos casos lo pide el país y la sociedad en general, no solo por Natalia sino por Sorleny Pulgarín e Inés Carrillo, otras víctimas de este delito que urge controlar con alertas personales y ciudadanas.