“Proteger ciudadanía y fondos públicos”

Es duro reconocer que el país está cada vez más presionado por los fraudes al Estado, junto a una tormenta de crímenes de distinto origen que azota día a día en ciudades y poblaciones, dejando profundo dolor y destrucción de valiosos pilares humanos.  

El asalto no es solo en calles, sino a recursos ciudadanos y dineros del sector estatal. La Contraloría General de la República estableció que los candidatos a alcaldías y gobernaciones deberán demostrar el origen de finanzas invertidas en sus respectivas campañas. Ya se teme que haya infiltraciones a presupuestos estatales o seccionales  

La advertencia toma fuerza esta semana y está extendida a aspirantes a concejos municipales y asambleas departamentales. Oportuno llamado si se tiene en cuenta que en esta época los gestores de politiquería se transforman en tramitadores electorales, junto a candidatos.

Después de elecciones, la Contraloría publicará el listado de los impedidos para ocupar cargos, con base en las investigaciones que establezcan eventual responsabilidad de elegidos el 27 de octubre y de funcionarios de organismos saqueados.

Una decisión válida para evitar este delito. Una advertencia a quienes extienden redes corruptas a dineros públicos para financiar actividades particulares y, más aún, a campañas políticas en regiones de todos los tamaños e importancia administrativa.

El tema está servido a diario, porque se golpean los sentimientos ciudadanos con otra forma de asalto: un fraude de $12.500 millones al Banagrario, que hirió su inversión para el agro nacional en medio de 17 denuncias, de directivas de la entidad, ante la Fiscalía.

Esas redes de estafa a las finanzas públicas se han infiltrado detrás de festivales populares, disfrazados de fomento a cultura popular en barrios de ciudades y pueblos. Otro caso es el fraude por $2 billones a la DIAN, con falsificaciones de trámites de 14 empresas de papel. Una práctica similar a la que penetró ministerios e instituciones descentralizadas hace no menos de 30 años.

Buen control inició el gobierno de Bogotá al decidir que toda acción u obra pública tendrá desde ahora su marca indeleble: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Esto para que los vándalos, no utilicen menciones falsas en chaquetas y demás identificaciones. Tendrán materiales no falsificables.

Contraloría y Procuraduría, con superintendencias, pueden intensificar control sobre manejo de precios, registro de marcas, contenido de productos, licencias de fabricación y fechas de vencimiento. Eso es acompañar al consumidor.

Ahora que el presidente Duque ratifica que el Gobierno nacional, con brazo de justicia, intensifica lucha contra delito y cadena de criminalidad, es el momento para blindar la vida ciudadana y el presupuesto público, que pertenece a todos los colombianos. 

El Estado requiere mantener ojos abiertos en la protección ciudadana y de los fondos públicos, otra forma de frenar delitos.