Una vez conocidos los resultados electorales de la Constituyente convocada por Nicolás Maduro en el hermano país el pasado 30 de julio, salta a la vista el enorme fraude cometido por sus autoridades electorales. El fin de esta maniobra previsible es, por un lado, el de tratar de demostrarle al mundo que el régimen Chavista tiene más apoyo popular que las fuerzas de la oposición que se agrupan en la MUD, y por otro, el de liquidar por completo a la Asamblea Legislativa, el de acortar y ampliar periodos de los funcionarios de acuerdo con la lealtad que mantengan con el gobierno, el de evitar que haya elecciones y profundizar el esperpento de lo que sus promotores llaman Socialismo del Siglo XXI.

Quien tenga inquietud sobre el mayúsculo fraude perpetrado no es sino que se detenga brevemente en el análisis del comportamiento electoral de los últimos años en el vecino país. Hugo Chávez se eligió presidente en octubre de 2012 con 8.191.132 votos. Luego, en las elecciones presidenciales de 2013, Nicolás Maduro obtuvo 7.505.338 sufragios, y Henrique Capriles 7.270.403, con una escasa diferencia de 234.935 votos. Y en las elecciones legislativas de 2015, el PSUV solo llegó a 5.599.025 votos, mientras que por los candidatos de la oposición fueron depositados 7.707.442, con una diferencia de 2.108.397 votos más que el oficialismo. Por tanto, resulta material y francamente imposible que la Constituyente, con el nivel de desprestigio, de ilegitimidad, de pérdida de apoyo popular, de apoyo internacional y de fraccionamiento del régimen Chavista hubiera puesto 8.089.320 votos en su favor; votos que no obtuvo Nicolás Maduro para su propia elección presidencial, en una coyuntura de enorme inestabilidad como la que afronta Venezuela.  A la falta de credibilidad del resultado electoral se une el hecho de que la empresa Smartmatic, que manejó el voto electrónico en las elecciones, denunció la manipulación de sus resultados en por lo menos un millón de votos.

Por otro lado, la razón que explica que hubieran resuelto aplazar las elecciones para elegir nuevos gobernadores de los Estados, que debieron realizarse en el 2016, y saltarse el paso obligado del plebiscito para convocar la Constituyente, es que no tienen las mayorías de la población. Si realmente las tuvieran, es evidente que no dejarían de convocar a tales elecciones porque serían los primeros en beneficiarse. Acuden al fraude porque no cuentan con otro mecanismo para mantenerse en el poder.

El régimen que comandan Maduro y Diosdado está en una situación muy parecida a la que vivió Venezuela en 1957, cuando el dictador Pérez Jiménez decidió convocar a un plebiscito, en lugar de elecciones libres, para el período 1958-1963. La manipulación del plebiscito, el enfrentamiento con la iglesia, el empresariado, la represión contra la oposición y los asesinatos políticos produjeron un sentimiento de unidad y reacción múltiple que terminó con el derrocamiento de Pérez el 23 de enero de 1958. Esa parece ser la misma suerte del régimen despótico y arbitrario que se apoltronó en el gobierno del hermano país.