La resiliencia de la economía para superar la crisis de la pandemia del covid-19 se ha tornado frágil. El escalamiento de la incursión de Rusia en Ucrania y la guerra consecuente, cada vez nos es menos ajena. Colombia no va a ser la excepción y el próximo gobierno deberá incluir, en sus previsiones, como limitante: el comportamiento de la economía global sobre las altas expectativas vendidas en campaña.

El Fondo Monetario Internacional ha sido claro en manifestar la probabilidad de caída de la economía mundial, que de materializarse puede implicar el nivel más bajo de crecimiento en los últimos 50 años.

Los mayores efectos se verán en el año 2023. Ya para el 2022 el FMI había reducido el pronóstico de crecimiento mundial del 4.4% al 3.6% y recientemente ha dicho que este escenario puede llevar un crecimiento menor de solo el 2.0% el próximo año. El tema es cada vez más latente y el Fondo no escatima en advertir sobre varias situaciones determinantes:

La guerra de Ucrania y el precio de la energía. Para el FMI es evidente el daño económico del conflicto, que hace cada vez más probable una severa caída en el PIB de la economía de Ucrania y una gran contracción en Rusia, que pueden generar efectos indirectos en todo el mundo a través de los mercados de productos básicos, el comercio y los canales financieros. La industria europea puede llegar a verse restringida por racionamientos de energía en el evento que se frene por completo la oferta de gas ruso.

Aunque todavía se mantiene una esperanza porque los precios empiecen a retornar a los niveles anteriores de la pandemia, la presión inflacionaria puede mantenerse hasta finales del 2024, marcada por la subida en los precios de los alimentos y del gas, con sus repercusiones sociales.

La inflación global podría alcanzar el 6.7% este año, que duplica el índice alcanzado en la década del 2010 al 2020 del 2.9%. Bien se habla para el caso de Colombia de la inflación importada o de características internacionales.

Como todos los bancos centrales, el Banco de la República está elevando las tasas de interés para amortiguar la subida de precios. Sin embargo, acciones como el apretón tributario o excesos en la subida del salario mínimo o en la gasolina, pueden provocar presiones adicionales.

Si bien los indicadores de deuda pública y las necesidades de financiamiento se han venido reduciendo frente al alto endeudamiento adquirido para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria y económica, entran en juego hasta dónde se pueden abarcar los proyectos sociales planteados por el nuevo gobierno para no revertir la tendencia, más aún cuando los tipos de interés sobre la deuda han aumentado por cuenta de su elevación en Estados Unidos.

Según el reciente informe del Marco Fiscal la deuda está convergiendo hacia el 56% del PIB e incluso podría acercarse al 54% desde el 2025 (ancla inferior a la de la nueva Regla Fiscal), luego de estar por encima del 60% en el primer año de la pandemia, por obra de la buena reacción de la economía y confianza en el país, que ha implicado un crecimiento en el producto interno nominal y una mejor coyuntura para las exportaciones no tradicionales.

De pa’arriba la tiene el próximo gobierno: moderación y razonabilidad sobre las medidas económicas y sociales se hacen imprescindibles para lograr sostener la economía, en cuanto ella depende de una alta incertidumbre por la evolución de los mercados claves como el estadounidense, chino y europeo. No somo ajenos a los vientos de recesión y guerra, es necesario no sobrecargar al sector productivo y entender también sus riesgos. De su crecimiento penden los ingresos de la Nación.  

*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI

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