Impuestos de policía

En  el siglo pasado, el Concejo Municipal de Bogotá decretó un impuesto de policía, tributo con el cual se financiaba el servicio de vigilancia que prestaba un cuerpo de gendarmes a quienes los vecinos conocían por su nombre y le tenían gran aprecio. Era la época de las policías municipales, disueltas  a raíz de los turbulentos hechos del 9 de abril de 1948. De esos cuerpos  el último en desaparecer de la administración del Distrito fue el de los Agentes de Tránsito o “chupas de azul”, a causa  de una medida del alcalde Mockus y la presión de la Policía Nacional que insistió en la pertinencia de monopolizar ese servicio en la capital de la República y con el argumento de que este está  a cargo de la Nación. Asumido el control del tránsito por las vías públicas de la ciudad de Bogotá, por  los agentes de la Policía Nacional, curiosamente, aparecieron agentes municipales en ciudades tales como Cali, Medellín o Soacha, por citar solamente unas y estos agentes actúan con la misma competencia de sus “colegas de verde”, esto es, imponen comparendos, conducen vehículos a los patios municipales etc. La razón de esta duplicidad no ha sido aún explicada, pero en todo caso ahora, en Bogotá, se ven numerosos “guías” de tránsito, que no pertenecen a la Policía Nacional y que  colaboran en ordenar el tránsito de peatones pero no tienen facultad de librar comparendos por infracciones, parecen cuotas burocráticas. ¿Cuál es la inquietud que esta situación genera? Sencillamente, que los comandos de policía, independientemente de su origen municipal o nacional, han resuelto aplicar una disciplina represiva sin contemplaciones para promover sanciones -impuestos- pecuniarias  y así alimentar los fiscos municipales que son, en últimas, los primeros beneficiarios de ese recaudo extraordinario, generado por una coacción policial que, lógicamente, no está interesada en corregir la conducta de los ciudadanos sino en recaudar el dinero de la infracción,  olvidando su función prístina: proteger a las personas. No se sabe si es cierto que a los agentes  se le premia, según el número de comparendos que elaboren, pero está claro que, después del gobierno del presidente Uribe, que promovió una política de mano dura, se advierte en la ciudadanía una notable indisposición hacia la policía y cuando se profundiza en este extraño sentimiento se descubre que la causa la está generando la policía de tránsito. La discrecionalidad en materia del control de las contravenciones es una de las diferencias sustanciales de esta infracción con los delitos; esto quiere decir que la autoridad puede, teniendo en consideración circunstancias particulares y valorando la trascendencia de la conducta en términos de orden público, abstenerse de sancionar el hecho y limitarse a una amonestación o apercibimiento al ciudadano. Pero mientras exista el interés económico de ahora, esto no será posible y los ciudadanos se están cansando de tanta “severidad”.