Hay denominaciones y expresiones que identifican un movimiento político, una etapa de la historia o un periodo presidencial. Tal fue el caso de la Regeneración, el olimpo radical, el republicanismo, la revolución en marcha, el Frente nacional, entre otras.

Lo que en la historia política del país se conoce como republicanismo, fue un movimiento que se conformó por dirigentes destacados de ambos partidos, algunos de ellos sobrevivientes de la guerra de los Mil días. Estos dirigentes venían agotados de una guerra civil que destruyó al país y trajo como consecuencia la dolorosa separación de Panamá que le negó a Colombia la prosperidad en el siglo XX.

Como todo ello fue el producto del estéril enfrentamiento entre los partidos y de las agitaciones del régimen de Reyes, sus inspiradores buscaron reconstruir la concordia y el entendimiento a través de un acuerdo sobre aspectos básicos del país de entonces que se recogen en el llamado “Documento Histórico, que pregonaba la inutilidad de los radicalismos extremos. La “unión republicana” tuvo entre sus promotores al general Benjamín Herrera, quien había hecho parte de uno de los bandos beligerantes en la “guerra de los tres años”; en cambio no contó con el apoyo de Uribe Uribe, acaso el mayor prestigio de liberalismo de esa época.

Algunos sostienen que la frase sentenciosa de Benjamín Herrera “Colombia por encima de los partidos”, fue pronunciada por el jefe liberal para aceptar el Ministerio de Agricultura y Comercio que le ofreció el presidente Concha, que se acababa de crear, y que ocupó por nueve meses.

El espíritu del republicanismo ha pervivido entre nosotros a lo largo de la historia. El presidente Santos evocó esa frase lapidaria en su discurso de instalación del Congreso, pero lo que se vive en esta coyuntura no es precisamente un enfrentamiento entre los partidos, porque casi todos hacen parte de la Unidad Nacional. Lo que hay es una fractura en torno del Acuerdo de Paz por su falta de consenso en el país.

En el modelo de negociación de cúpulas que se adoptó al Gobierno le toca asumir solo la responsabilidad de lo que se negoció y, por supuesto, la de su implementación. Por ello el debate en la elección presidencial que se aproxima girará en torno del alcance del Acuerdo de Paz, del enorme problema de la corrupción que nos corroe y de los desajustes en la estructura de la administración de Justicia.

Hay una profunda crisis de valores en la sociedad y en la ética de lo público que se debe a diferentes causas, entre otras, a la influencia nefasta que ha ejercido el narcotráfico entre nosotros y la financiación privada de los procesos electorales.

El proyecto de ley que anuncia el Fiscal general para combatir la corrupción puede ser un instrumento que contribuya a esos esfuerzos, pero no es suficiente.  

Hay necesidad de buscar, como proponía Álvaro Gómez, “un acuerdo sobre lo fundamental” -que es el mismo espíritu de la “unión republicana”- sobre los mayores retos que afronta Colombia en la actual encrucijada.