Somos conscientes de la cantidad de problemas referentes a seguridad que se están presentando en la generalidad del país, y  sabemos desde  tiempos inveterados que la justicia hace el cierre total, para el éxito en la lucha contra la delincuencia de todos los pelambres, que diariamente deben encarar los gobiernos y administraciones locales, con los medios puestos a su alcance,  incluyendo la fuerza pública que se ha constituido en aliado incondicional para el tema, por ser parte de sus objetivos y funciones, especialmente la policía.

Esa incondicionalidad nos ha llevado al caos que vivimos en materia carcelaria, base fundamental para aplicar una justa, férrea y pronta justicia. Hagamos un poco de reseña: finalizando los años 50 e iniciando los 60, en Colombia contábamos con un cupo carcelario suficiente y la condición de los centros de reclusión si no óptima, era aceptable y manejable, reconociendo su falencia estructural.  Pero la población, por lógicas razones, fue creciendo y el número de bandas delincuenciales con sus componentes se incrementó, obligando a las  autoridades a buscar alternativas para hacer frente a la inseguridad y amenazas que invadieron la sociedad; las capturas, conducciones y medidas de aseguramiento no se hicieron esperar, quebrantando la capacidad carcelaria.

Fue entonces cuando la policía (y de esto somos responsables todos los que comandamos la institución desde diferentes posiciones) permitió “por esa incondicionalidad mencionada” que  las personas objeto de detención preventiva o  investigaciones preliminares, como se solía decir, permanecieran en los patios de las estaciones de policía, sin contar con salas adecuadas para esta práctica (baños, posibilidades sanitarias y alimentación), situación que fue tomando fuerza,   convirtiéndose en paso obligado en la cadena de custodia para sospechoso y procesados.

La institución se resintió en su estructura y doctrina, pues los hombres destinados a custodiar estas personas puestas bajo en control y responsabilidad institucional, no tenían, ni hoy tienen, la formación necesaria para esta misión. Por más esfuerzos del mando no se logró ni cambiar la  práctica, ni negarse  a colaborar con la justicia, llegando por ello al desastre que hoy vivimos, facilitando el vergonzoso hacinamiento en las estaciones de policía, lugares que no fueron  concebidos para esta práctica, por ser considerados territorios de vivienda, descanso, instrucción y administración policial.

De no prestarse la Policía Nacional para tan inocente práctica, seguramente el país contaría con una infraestructura carcelaria fuerte, sustentada en la tecnología y conformada por profesionales de carrera que la dirigieran, administraran y condujeran con profesionalismo y referentes de socialización, logrando con ello un resultado alentador en la lucha contra la criminalidad. Porque como en otras notas lo hemos sostenido, sin justicia todos los esfuerzos de la ciudadanía, la fuerza pública y las autoridades de todo nivel, serán nulos. Conclusión: urge construir una gran infraestructura carcelaria.