La vergonzosa y dolorosa imposición de medida de aseguramiento de prisión preventiva en establecimiento carcelario que una Juez de Control de Garantías hubo de imponerle a todo un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, el procesamiento penal de otros dos ex presidentes de la misma Corporación y el de un magistrado en ejercicio de la Sala de Casación Penal, por petición expresa de sus propios compañeros de Corporación, es, sin duda, la más grande crisis que la Rama Judicial haya sufrido en toda su historia.

La coyuntura ha sido aprovechada por los tradicionales enemigos de la independencia judicial para intentar hacer leña del árbol caído mediante el fácil expediente de meter a todos en un mismo saco para no hacer diferencias e intentar refundar la justicia, ya que no fueron capaces de “refundar la patria”.

Todos a una, como en Fuenteovejuna, cierran los ojos al modus operandi de los que hoy avergüenzan la justicia, para poder comprometerlos a todos. Lo establecido hasta ahora por la Fiscalía y por la propia Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal que adelanta la indagación, es una pequeña aunque poderosa camarilla que mediante el acceso a información privilegiada, la manipulaba para negociar con ella.

El estado actual de las indagaciones no sugiere el comprometimiento de la Sala de Casación Penal al completo, ni el de la Corte Suprema en su totalidad en las maniobras torticeras que se han conocido. Eso lo saben todos, pero les interesa comprometer toda la Corporación para, con claro criterio oportunista, descalificar todas las sentencias producidas con anterioridad a las fechas en que operó la infame organización criminal.

Los más interesados son los del uribismo. Es lógico que lo sean, no hay ningún gobierno que haya tenido más personajes procesados y condenados que el de ese octenio. Ahí están desde su Salvador Arana hasta su queridísimo Andrés Felipe Arias, pasando por algunos de los más “buenos muchachos” de esos ocho años, cuyas condenas ahora quieren revisar con el ojo retroactivo de lo que ahora se ha descubierto.

De las absoluciones no dicen nada, por ejemplo de la de Plazas Vega o de la de Arango Bacci. Al uribismo le parece que la Corte Suprema solo acierta cuando los absuelve. Es una curiosa forma de definir como justo solo aquello que los favorece.

Pero si por la oposición llueve, por el gobierno no escampa. Asusta un acuerdo con este gobierno como solución a la inmoralidad. Si lo van a hacer, empiecen por definirla. Este gobierno es el que incluyó en una terna a la señora de Bustos y en otra a una pariente cercana de Ricaurte y todavía no da explicaciones. El Minjusticia actual es uno de los ex Consejeros de Estado comprometidos en la contratón de la Fiscalía Montealegre. Ahí está la lista completa con montos y todo en la edición del 10 de septiembre de 2015 de El Espectador, por si se les olvidó.

Sería bueno que antes de empezar a reformar la moral, empiecen por revisar sus propios estándares morales.    

@Quinternatte