“Soy parte de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, bosques y páramos. De aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte, para darnos paso a construir un modelo que garantice vida”.
Francia Márquez
Por estos días se discute por parte del gobierno nacional de dar en concesión por más de 20 años, una parte del parque Tayrona, lugar ancestral de los indígenas Wiwa, Kankuamo, Kogui y Arhuaco.
Definitivamente cuando la voracidad comercial y de explotación con fines de enriquecimiento, están por encima de los intereses de la comunidad, del medio ambiente y de tribus ancestrales.
Uno de los principales líderes de esta comunidad Danilo Villafañe, gobernador encargado del cabildo Arhuaco Magdalena-La Guajira, pidió que la concesión sea “suspendida” hasta que se creen nuevas condiciones que beneficien ambiental y socialmente a los indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Creemos que es importante definir una política turística, porque hoy en día es una improvisación. Hay desarrollo de diferentes actividades turísticas, hoteleras y de numerosas agencias de viajes que facilitan el ingreso, tanto a Ciudad Perdida, como al resto de lugares de la Sierra, pero esto no está respondiendo a una política clara”, además pidió ser oídos por el gobierno, para que no violen su autonomía y sus derechos ancestrales y constitucionales para el manejo de su propio territorio.
Agrego que acudirá a instancias internacionales y a su propia justicia indígena consagrada en el artículo 246 constitucional para evitar que se desconozcan los derechos de los indígenas, establecidos en normas legales, constitucionales y en innumerables fallos y sentencias tanto de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y del CSJ, que, al dirimir conflictos de competencia, se han pronunciado en diferentes ocasiones reconociendo a la autotomía y a la Jurisdicción Indígena.
Insisten en la elaboración de una política que regule esta actividad en la región porque el año pasado ingresaron más de 446.000 turistas a esta reserva natural y “ahora está proyectado hasta un millón de visitantes, y esto no tiene nada que ver con la conservación de la Sierra”.
Para Villafañe, el Estado debe asumir provisionalmente el manejo de la operación del parque Tayrona y otros lugares de interés turístico de la Sierra Nevada, mientras se concerta su administración.
Este negocio en donde hay 19 firmas interesadas, con el modelo actual de concesión favorecerá al operador, pues éste solo tendrá que invertir 6.000 millones de pesos en infraestructura durante los 23 años que dura la concesión y, a cambio, recibiría utilidades por el orden de un billón de pesos, solo por concepto de cobro de entradas.
La directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, tiene la responsabilidad de concertar con los indígenas esta concesión, so pena de que sea declarada ilegal por no respetar la autonomía de los pueblos ancestrales.
La Jurisdicción Indígena debe pronunciarse en este caso y hacer valer sus Derechos ancestrales como sujetos de Derecho fundamental y colectivo que garantizan la vida, la cultura y la tradición.