La reprochable conversación entre un presentador de un programa de radio local y un presunto palabrero wayúu, hablando de la comercialización de jóvenes de esa comunidad indígena, más allá de la indignación colectiva debe generar una reacción inmediata de las autoridades para que se investigue si esas prácticas de violación de derechos, que nada tienen que ver con las costumbres ancestrales, se siguen realizando en la actualidad.

Este es un tema muy delicado que no puede quedar en el repudio general y dejando de lado la discusión acerca de la configuración de un delito por parte de los protagonistas de la entrevista; se debe indagar a fondo la situación de las mujeres en los grupos indígenas respecto de sus derechos sexuales y reproductivos.

Se trata de una población vulnerable que requiere de especial protección, porque como se manifiesta en el video de la desafortunada entrevista del señor Fabio Zuleta, los abusos a los que estarían sometidas adolescentes y niñas de algunas etnias, son hechos que se vienen denunciando desde hace muchos años.

En mi ejercicio profesional, en cargos desempeñados en el sector público, tomé varias decisiones encaminadas a proteger los derechos de las mujeres indígenas, al resolver la competencia para investigaciones de casos de ataques sexuales.

Mi línea jurisprudencial para resolver conflictos entre la especialidad penal ordinaria y la jurisdicción especial indígena, estuvo enfocada en remitir a los jueces del sistema penal acusatorio los asuntos de abuso ocurridos en los asentamientos étnicos, considerando que el uso, las costumbres y tradiciones ancestrales no pueden ser la excusa para que se disponga sexualmente de una menor de edad.

Un 75 % de los hechos de agresiones sexuales en poblaciones indígenas, reportados a las autoridades se registraron en contra de menores de 14 años y un 25 % de esas causas, está asociado al desplazamiento forzado. Debido a que muchos de los cabildos se ubican en zonas de conflicto, otro factor generador de esta clase de violencia lo constituyen las organizaciones armadas, que buscan someter a las mujeres como una forma de intimidación y control sobre el territorio, por la importancia que tienen en la organización social de los pueblos, al ser quienes transmiten la cultura y la lengua, manteniendo vivas sus tradiciones por generaciones.

Las denuncias de atropellos en los grupos étnicos están relacionadas con esclavitud para labores domésticas, explotación sexual, matrimonios con niñas, embarazos y abortos no deseados.

La mujer indígena tiene que ser revindicada, especialmente en la población wayúu, que culturalmente son las líderes de sus comunidades, por el orden social “matrilineal” que los rige.