De una u otra forma muchos de los actuales alcaldes y alcaldesas en Colombia seguramente fueron activos partícipes del proceso constituyente de 1991 o su vida política se inspiró y tuvo posibilidades en consecuencia con la gran reforma de apertura democrática y énfasis municipal que adoptó la nueva Constitución Política, sobre todos para quienes no son herederos o agentes de clanes o casas políticas.
Colombia fue una de las primeras naciones en América Latina que avanzó de manera significativa en la descentralización política, administrativa y fiscal; y ello contribuyó al desarrollo de uno de sus propósitos fundamentales: el florecimiento de la democracia participativa y el desarrollo local -aún con no pocas dificultades-. Fue una de las respuestas más contundentes frente al antiguo régimen de 1886. Y marcó la diferencia en la concepción de la democracia y sobre todo del poder local a lo largo de estos 35 años -contando desde la adopción de elección popular de alcaldes en 1986- y a pesar de los esfuerzos recentralizadores presentes en todos los gobiernos nacionales del siglo XXI.
Una vez ahogado, por presión de la opinión pública y el retiro de firmas con que se avaló por algunos congresistas, el proyecto de Acto Legislativo con el cual se buscaba unificar la elección de presidente, congresistas y autoridades territoriales en una misma fecha y periodo de campaña electoral. Eliminando así la separación que propicia y fortalece la democracia local adoptada en 1991, y buscando retornar a las prácticas centralistas de 1886 con su subordinación y barreras de acceso para la política alternativa, local, cívica y popular. No se pueden dejar pasar la amenaza y la intención que este tipo de proyectos manifiestan. Pues sin duda corresponden a un contexto que debe analizarse, y establecer ¿qué está pasando en los partidos políticos y en el Congreso frente a la democracia local? ¿No han logrado adaptarse a ella? Y ¿qué pasa en el Gobierno nacional que en medio de un lenguaje ambiguo guardó silencio hasta el final frente al nefasto proyecto?
De otro lado, las agremiaciones de entidades territoriales en Colombia, fortalecidas al amparo de las reformas del 91, son actores clave para impulsar procesos de descentralización y cada vez más reciben cuantiosos recursos públicos para su gestión. Y resulta inadmisible que una organización como Fedemunicipios, creada en 1989 y que apoyó las transformaciones en las discusiones constituyentes del 91, despliegue estos recursos para promover proyectos que van en contra de la democracia y la autonomía local.
Ante las afrentas a la democracia los ciudadanos debemos salir al paso, como efectivamente ocurrió con el proyecto en mención. Pero, también deberían hacerlo al unísono los alcaldes y alcaldesas de los 1.101 municipios de Colombia, y expresar su voz y mandato en defensa de la democracia local y la autonomía territorial que representan, desaprobando estas talanqueras a los avances de la Constitución del 1991. Y rechazar de plano el apoyo a estos intentos de regreso al antiguo régimen patrocinados por quienes desde distintos ámbitos se niegan a reconocer que el mundo y el país han cambiado y que merecen más y mejor democracia.
@Fer_GuzmanR