El régimen de Nicolás Maduro intentó con toda clase de triquiñuelas tomarse la Asamblea Legislativa de Venezuela. El día de la instalación acudió a la fuerza pública para impedir el ingreso de los diputados de la oposición al recinto de las sesiones con el fin de que no hubiera mayoría y, de esa manera, evitar que reeligieran a Juan Güaidó en la presidencia del mismo órgano y de la condición de presidente interino.
Si a alguien le quedaba alguna duda del carácter dictatorial del régimen de Venezuela, ahí tiene la última prueba. Se buscaba invadir el único órgano sobreviviente de la democracia de ese país cuya autonomía han desconocido por completo al eliminarle sus funciones básicas con pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia y luego al elegir una Asamblea Constituyente que no ha cumplido con ninguna función constituyente porque solo buscaba subordinar a la Asamblea Legislativa.
Es lo que hacen los dictadores. El régimen se tomó todo el aparato de la justicia, ha perseguido a todos los medios de comunicación que no le eran afectos, bloqueó la señal de CNN y RCN, donde hay alcaldes o gobernadores que no son oficialistas les monta superpoderes; a los líderes de la oposición los encarcela y a muchos los ha obligado a salir al exilio. La desestabilización del régimen ha producido una diáspora que ha llevado a más de cinco millones de venezolanos a buscar refugio en el exterior, que constituye la mayor corriente migratoria del mundo en este momento.
Pero, a pesar de la complejidad de la crisis política, económica, social y humanitaria que vive el hermano país, Maduro y su círculo se mantiene en el poder probablemente porque Rusia y China, sus principales acreedores, y otros países, siguen apoyándolo al punto de que eligieron a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que significa una total desfachatez y falta de respeto con el mundo de los derechos humanos.
Hace precisamente un año comenzó la estrategia del cerco diplomático contra el autoritario gobierno de Venezuela que apoyan más de cincuenta países que han reconocido la presidencia interina de Güaidó y declarado fraudulento el régimen de Maduro. Hoy vemos que esa estrategia que, indudablemente, ha debilitado ese gobierno y en el que el Grupo de Lima ha jugado un papel central, no ha resultado suficiente para el retorno a la democracia en el vecino país.
Juan Güaidó, con mucha valentía, ha hecho lo que las posibilidades le han permitido para mantener viva, unida y actuante a la oposición. Pero sus reconocidos esfuerzos no pueden ir más allá, ni evitar que algunos diputados de la oposición se dejen sobornar por la corrupción que campea en ese gobierno. En Venezuela, como es conocido, no hay Estado de Derecho, no se tiene ningún respeto por las expresiones democráticas y ha demostrado que puede acudir a cualquier recurso para mantenerse en el poder. Maduro y su séquito cada día profundiza más la arbitrariedad ante los ojos del mundo y, por lo pronto, no se ve luz al final del túnel.