Gobernar nunca ha sido tarea fácil y menos aun cuando se recibe un país afectado por muchas circunstancias con innegables efectos negativos sobre el inmediato futuro de la nación. Son variados los frentes que deben atenderse simultáneamente porque así lo demandan la gravedad de sus implicaciones y el justo reclamo ciudadano. Y si a ello se suma la acción intrépida de una oposición cegada por sentimientos de odio y afanes incontenibles de acceder al poder, resultan escasos los márgenes de error que puede permitirse el nuevo gobierno.

Los primeros cien días del presidente Duque fueron de tormenta, y así serán los próximos dominados por las elecciones de octubre de 2019. En ese escenario tendrá que actuar el gobierno para sacar adelante su agenda reformadora que imprima un nuevo rumbo al país.

Lo primordial y urgente es la definición, la elaboración y ejecución de las políticas que se necesitan para ese fin. Los colombianos, agobiados por tantos desafíos, piden esfuerzos y metas claras que estimulen sus energías y potencien sus voluntades. Es tarea prioritaria que debe realizar el gobierno en consonancia con su visión estratégica, su orientación ideológica y con su programa y compromisos ofrecidos en la campaña electoral. Hay que arrojar claridad sobre los fines y medios de la acción gubernamental que permitirán los acuerdos y pactos por Colombia, en vez de perseguir lo inasible con una oposición irremediablemente radicalizada. La política es el arte de lo posible y esta evidencia debe ser comprendida por los noveles asesores del gobierno.

En el tratamiento de los temas primordiales no se pueden repetir los errores cometidos con el contenido del proyecto de ley de financiamiento. La diferenciación entre técnicos y políticos es un artificio porque toda decisión de gobierno cobra alcances y consecuencias políticas, como también resulta inconveniente identificar la perniciosa mermelada, fuente de corrupción, con la representación de los partidos políticos en el gobierno, porque esta es instrumento de gobernabilidad. El haber erradicado las transacciones prohibidas en las relaciones entre ejecutivo y legislativo fortalece la democracia, así como lo hace la participación responsable de partidos y movimientos políticos que permite gobernanza y rendición de cuentas.

Es el momento para conformar una alianza que haga realidad los contenidos y objetivos del programa de gobierno, con la participación y ejecución de las fuerzas que comprometan su responsabilidad en su ejecución. Ello seguramente requerirá cambios en las cúpulas y en los equipos asesores y ejecutores que disiparán perspicacias de diletantismo y de falta de pertenencia que afectan las percepciones ciudadanas sobre la identidad de lo ejecutado con lo prometido.

Urge un “timonazo” para construir unidad, superar dificultades y enderezar el rumbo del país. Es tarea ineludible presidente.