El trino del general Zapateiro la semana pasada, controvirtiendo y atacando al candidato presidencial Gustavo Petro, revivió el debate sobre los riesgos de la participación en política de las fuerzas militares. Pues, las relaciones peligrosas de las fuerzas armadas con la política en la dirección del Estado han sido causa de no pocas y graves tensiones a lo largo de la historia de Colombia, llegando en oportunidades a alterar de facto el orden constitucional. Para resolverlo se acordó el principio que la fuerza pública no es deliberante.
Por consiguiente, sus miembros, entre otras cosas, “no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.” (Art.219/CP). A pesar del acuerdo constitucional, así como de sus desarrollos normativos y jurisprudenciales, se producen intervenciones indebidas que ponen en riesgo las instituciones democráticas. Ante lo cual, resulta pertinente preguntarnos ¿Por qué persisten dichas tensiones?
Durante el siglo XX, las fuerzas militares vivieron un período dinámico de organización, profesionalización y modernización. Y a la vez de crisis originadas en buena medida por la politización de algunos sectores de su oficialidad. Situación acentuada especialmente en coyunturas como el cambio de gobierno dentro de la confrontación bipartidista liberal-conservadora. Por ejemplo, los intentos de golpe a López Pumarejo (1936 y 1944) o con la dictadura de Rojas Pinilla (1953-57). Así como en la formación alrededor de la doctrina del enemigo interno desarrollada durante los años de la guerra fría y desplegada en la guerra contrainsurgente desde los años 60. La cual, ha afectado gravemente la legítima acción política progresista de movimientos sociales y alternativos, así como de izquierda, hasta la actualidad.
Mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces. La figura del ministro civil de Defensa se introdujo procurando mayor liderazgo del poder civil y por ende mayor acatamiento a este por las fuerzas militares. Sin embargo, flaco favor le hace al orden constitucional el que desde el gobierno también se pase la línea roja de la participación en política, como se viene denunciando desde distintos lados. Por esta razón, sectores políticos de centro, izquierda y de opinión han manifestado, con razón, que no hay garantías en el proceso electoral.
Sin embargo, pese a las dificultades del proceso político y de las violencias en nuestra historia reciente, no se desconoce el papel de la fuerza pública en la consecución de la democracia y la paz. Pero, ésta no debe ser inferior a dicha responsabilidad. Y tampoco se pueden desconocer las voces que vienen denunciando violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas militares y de policía. La confianza ciudadana en la fuerza pública ha caído en los últimos años. La intromisión en el debate político no contribuye a mejorarla.
En consecuencia, la fuerza pública no puede representar un riesgo hoy ante un eventual cambio político del poder civil en la dirección del Estado, decidido en democracia mediante el debate electoral. Por ello, no debe haber duda alguna sobre su vocación republicana y de acatamiento a la Constitución y al poder civil. Y quien pretenda desde las filas agenciar lo contrario no solo falta a su investidura, sino que debe dar un paso al costado o ser retirado de las mismas.
@Fer_GuzmanR