La Fiscalía de la Nación es una entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal -no depende del presidente de la República- cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz justicia, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, acusar ante los juzgados a quienes cometen delitos, defender la institucionalidad.

Eso hizo el fiscal Francisco Barbosa durante su periodo, no fue ciertamente de bolsillo, por eso su replica al jefe de Estado cuando este manifestó que lo consideraba un subalterno, interpretó a la sociedad agobiada por la violencia y la inseguridad, lo cual no gusta a los subversivos ni a los delincuentes, empeñados en irrespetar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los altos Tribunales pretendiendo que la inmoralidad se imponga. Como exmagistrado de la Corte agradezco a Francisco Barbosa su gestión, cuestionada erróneamente, desvirtuarla afecta la institucionalidad. El holocausto de 1985 es imborrable, me solidarizo con los juristas que desempeñan sus tareas, merecedores del respeto social y de que se protejan sus vidas al máximo.

La armonía entre las ramas del poder público es imprescindible, sin ella la Democracia pierde el equilibrio de fuerzas, la Constitución establece que impide extralimitaciones, subordinaciones o generación de vínculos de dependencia entre sí. Igualmente reviste importancia garantizar la tarea de los organismos de control, de la Procuraduría, que cuenta con la Defensoría del Pueblo, organismo que vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Trascendente la labor de la Contraloría, máximo órgano de control fiscal encargado de vigilar el buen uso de los recursos y bienes públicos. 

A propósito, el lenguaje de los altos funcionarios y de muchos dirigentes políticos pertenece al sin ton ni son con expresiones fuera de medida, locuciones desagradables.  Se prosiguen los diálogos con el Eln y otros grupos subversivos a la búsqueda de la Paz Total, a pesar de que insisten en paros armados y acciones violentas en perjuicio comunitario. Aún aceptando que sean buenas las intenciones del gobierno   urge revisar la situación actual de las conversaciones si se avanza en acordar la financiación de estos movimientos luego de la   reincorporación a la sociedad, que directa o indirectamente tendría que asumir la pesada y no calculada carga.

Presionar movilizaciones violentas y enfrentamientos carece de justificación, complejo entender la expresión de ¨me quieren tumbar¨ cuando se pide idoneidad en el ejercicio administrativo. El presidente de la República anticipa disculpas con el “no me dejan gobernar” respecto de su ejercicio administrativo, no ha caído en cuenta de que eso le resta autoridad, fue elegido democráticamente, le solicitamos serenidad y coherencia, su mandato concluye el siete de agosto del 2026, sobre ello no hay discusión.

El derecho a realizar manifestaciones pacíficas está vigente pero no puede confundirse con la congregación para adelantar motines o asonadas.