El debate nacional en Colombia se ha empobrecido y hay necesidad de elevar su tono evitando el espíritu destructor que hoy lo domina; hay que ser más coherentes en las posturas. Así, por ejemplo, muchos de los que fueron partidarios en el gobierno anterior del ingreso de Colombia a la OCDE, y que votaron la ley en el Congreso , hoy satanizan el plan de ajuste fiscal del nuevo gobierno que se inspira en distintas recomendaciones que había formulado esa organización para admitir el ingreso de nuestro país.
Ello se puede verificar con un simple cotejo entre esas recomendaciones y las medidas que se vienen adoptando y proponiendo, como disminuirle los impuestos a las empresas que soportan el mayor peso del recaudo para aumentárselo a las personas naturales e incrementar la productividad y generar mayores puestos de trabajo. Lo mismo con la política de formalización del empleo que busca garantizar la sostenibilidad financiera de los regímenes de salud y pensional.
Lo propio ocurre con el Plan Nacional de Desarrollo, cuyas bases se acaban de divulgar, en el que su eje central es la equidad que identifica a la educación como la herramienta indispensable y transversal para avanzar de manera adecuada en esa dirección; en otros términos, se reconoce claramente el vinculo entre la calidad de la educación y el desarrollo. Por ello creemos que los estudiantes de las universidades públicas que han participado en las protestas y movilizaciones han debido aprovechar ese espacio para promover un debate amplio con foros y eventos sobre el modelo y la calidad de la educación que se imparte en la formación profesional y posgradual, que incluya maestrías y doctorados, con el fin de establecer si esa orientación profesional es la que realmente necesita Colombia.
El tema de las necesidades presupuestales de la educación pública es realmente importante, pero, al mismo tiempo, los recursos que se destinen deben corresponder a criterios de planeación sobre las proyecciones, los objetivos y las metas del presente, mediano y largo plazo de ese sector tan sensible. Desde luego que existe el legítimo derecho a la protesta, pero los estudiantes no pueden esperar que en un solo ejercicio se supere el rezago histórico en materia de recursos para atender las necesidades de la educación pública. Hay que obrar con responsabilidad, y más con el déficit de $14 billones que tiene desbalanceado el presupuesto general del funcionamiento del Estado. Por eso resulta curioso que el acuerdo a que llegó el gobierno con los rectores de las universidades no comprometa a los estudiantes, cuando los primeros son los que ejecutan el presupuesto.
Por otra parte, el movimiento estudiantil debe evitar a todo trance que la protesta se politice o que se mezcle con otras porque pierde su sentido original. Del mismo modo, hay que construir una dinámica de diálogo abierto franco y objetivo que permita establecer las posibilidades reales de los recursos disponibles para enfrentar el reto que demanda el mejoramiento de la calidad de la educación pública y de las universidades en Colombia.