La Fiscalía General de Venezuela le inició una nueva investigación a Juan Guaidó, Presidente Interino de Venezuela, por presunta “traición a la patria”. Ahora lo acusan de querer negociar la renuncia a uno de los históricos diferendos que tiene pendientes de resolver la hermana república, el de la Guyana; el otro es con Colombia.
Según dijo el fiscal general del vecino país, “iniciamos una investigación a Guaidó por estar inmerso en una negociación ilegal a espaldas del país que pretende desistir del histórico reclamo que tiene nuestro país sobre el territorio Esequibo”.
Desde que Guaidó se proclamó presidente interino ha sido reconocido por un grupo apreciable de países; por ello las tensiones que ha mantenido con el gobierno de Maduro se han incrementado, por lo que le han fabricado investigaciones para evitar que salga del país y le han bloqueado sus cuentas bancarias. Lo investigan por presunto financiamiento ilícito, por sabotear el sistema eléctrico en los apagones masivos y por usurpar el cargo de presidente. Le quitaron la inmunidad parlamentaria para poderlo enjuiciar; en otros términos, por atreverse a liderar la oposición que busca un cambio en el régimen político que domina a Venezuela; es lo propio de las dictaduras. Ello equivale a la negación de los derechos constitucionales que su propia Constitución les garantiza a todos los ciudadanos.
Frente a este nuevo acto de persecución del régimen madurista, Guaidó respondió: “Hoy los traidores a la patria son los que permiten que los disidentes de la Farc, grupos narcoterroristas, actúen libremente en Venezuela, y sobre el Esequibo dijo que el Parlamento ha votado cuatro acuerdos defendiéndolo”.
El Esequibo es un territorio que disputan Venezuela y Guyana desde la década del 60; es una zona rica en recursos minerales y forestales que equivale a las 2/3 partes de su país. Primero fue controlado por el imperio español, luego por el holandés y, finalmente, por el británico que, en 1897, se comprometió a resolver la disputa en los tribunales internacionales. En 1899, la zona le fue adjudicada al imperio británico por medio de un Laudo Arbitral en una corte de París. Pero Venezuela desconoció el Fallo en 1962 acusándolo de fraudulento y presentó una demanda ante las Naciones Unidas.
Luego, en 1966, se firmó el Acuerdo de Ginebra según el cual la zona es controlada por Guyana aunque su soberanía es disputada por Venezuela. El acuerdo señaló un plazo de cuatro años para resolver el conflicto. Entre 1982 y 1999, los dos países intentaron resolver el diferendo a través del sistema de arreglo pacífico de controversias de la ONU, que no arrojó resultados concretos. Con el ascenso de Hugo Chávez al poder en 1989, el diferendo se congeló. De 2015 para acá el conflicto se ha revivido con el anuncio de la Exxon Mobil del descubrimiento de un yacimiento de petróleo en la zona en disputa.
Por el fracaso de todos los intentos de acuerdo descritos, Guyana presentó en 2018 una demanda ante la Corte de la Haya para resolver el diferendo. Y entonces Venezuela, como era de esperarse, dice que no reconoce la judicial como la vía para resolver el diferendo.