Desde noviembre de 2002 Colombia es uno de los estados parte del Estatuto de Roma (1998), el cual crea la Corte Penal Internacional (CPI). Con su ratificación, el entonces gobierno de Andrés Pastrana declara una prórroga de 7 años para su entrada en vigencia en relación con los crímenes de guerra. La Fiscalía de la CPI inició en 2004 un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad; cuyo cierre después de 17 años fue anunciado el pasado 28 de octubre, tras la firma de un Acuerdo de Cooperación con el Gobierno Nacional.

Aunque el texto del Acuerdo no recoge todo sobre lo mucho o poco hecho en estos años -dependiendo los ojos con que se mire-, sí parte del mutuo reconocimiento sobre los avances que en materia de administración de justicia se han producido, especialmente con la implementación de la justicia transicional en cabeza de la JEP, surgida del Acuerdo de Paz con las Farc-EP y elevada a rango constitucional.

Pero más que el cierre de un asunto judicial de interés global, de lo que se trata es de la formalización de un pacto con el cual se busca zanjar las diferencias entre las partes, especialmente en relación con el reconocimiento y legitimidad de la JEP. Es decir, garantizar la efectiva separación e independencia de poderes. Así como facilitar la colaboración armónica entre los mismos. En este sentido, la Fiscalía de la CPI, desde su competencia, desempeñó también el papel de mediadora entre el presidente y la JEP.

En el lenguaje del fiscal Khan y del presidente Duque durante la firma del acuerdo, aún se aprecian diferencias según el énfasis que cada uno le da en sus palabras a la JEP. Para el primero, el elemento de confianza es lo avanzado estos años en el país con el Acuerdo de Paz y el funcionamiento de la JEP, constituyéndose esta en el núcleo del acuerdo de cooperación. Y lo anuncia como un cambio de paradigma y nueva relación, en el que el gobierno se compromete a evitar la interferencia política en el trabajo de la JEP y a darle el respaldo presupuestal e institucional necesario.

Mientras que para el presidente el núcleo del acuerdo es el cierre del examen preliminar, enfatizando que con el mismo se reconoce el trabajo realizado por la justicia ordinaria, así como la existencia de una Fiscalía General de la Nación “robusta, solida, independiente y eficaz.”

El lenguaje traduce la tensión global–nacional implícita en los compromisos multilaterales, que como en este caso presiona la visión de un sector de la sociedad colombiana reacio a interactuar abiertamente en una modernidad global como la que plantea el contexto internacional de los derechos humanos.

Así, el acuerdo es una negociación en la que se consigue que el gobierno reconozca su lugar legítimo a la JEP dentro de la justicia. Y por eso se cierra el examen preliminar, condicionado a que de no cumplirse podrá reabrirse.

Firmado el acuerdo, las voces de quienes desde el partido de gobierno han intentado debilitar la JEP no se hicieron esperar y reiteraron que debe reformarse. Este será el desafío. ¿Podrá el gobierno cumplir lo acordado?

@Fer_GuzmanR