Termina el año 2020 en medio de la incertidumbre que genera enfrentar una pandemia y esperando con ansias el inicio de la vacunación. Un año en el que los efectos del coronavirus echaron a perder los avances en materia de reducción de pobreza y crecimiento económico que había logrado Colombia en la última década. Así mismo, la coyuntura excepcional aplazó la discusión de reformas que responden a problemas estructurales de nuestro país, y en las cuales debemos avanzar sin más dilaciones; entre éstas, la laboral y la pensional.
Ante el deterioro significativo del mercado laboral, que amplió drásticamente las brechas de género e incrementó la informalidad, urge concretar en el 2021 una reforma laboral integral que promueva la creación de empleo formal y que exige los mejores resultados de la Misión de Empleo anunciada por el Gobierno Nacional. En la actualidad, cerca del 47.3% de la fuerza laboral del país son trabajadores informales, y en ciudades como Cúcuta la informalidad llega al 71.5%, una muestra de que el fenómeno no es homogéneo y afecta de forma particular a algunas ciudades intermedias.
En ese sentido, la reforma laboral debe abordar fallas del mercado laboral con enfoque regional y de género, al igual que establecer medidas innovadoras que reduzcan los costos laborales, sin que éstas impliquen vulnerar los derechos del trabajador. Incluso, deberá abordar el trabajo por horas, aunque genere resistencias, no con la finalidad de menoscabar condiciones laborales sino con el objetivo de reconocer una modalidad que ya existe, y que requiere crear condiciones mínimas de seguridad social para los miles de colombianos que laboran por horas.
De igual forma, en 2021 hay que dar pasos hacia la inaplazable reforma pensional que permita aumentar la cobertura del sistema, disminuir el impacto fiscal y la regresividad del mismo. En Colombia, sólo el 24% de la población mayor de 65 años llega a pensionarse y apenas el 35% de la población activa cotiza pensión. Así mismo, más del 80% de los subsidios se destinan a cubrir un reducido porcentaje de pensiones de ingresos altos de manera inequitativa. Así las cosas, la reforma deberá modificar el esquema de reparto de los subsidios para lograr un sistema pensional más equitativo. Eso permitiría usar dichos recursos para financiar pensiones de la población de menores ingresos e incrementar la cobertura a través del mecanismo BEPS.
La realidad económica colombiana exige reformas, aunque impopulares y controversiales. Trabajemos en el 2021 en generar confianza y construir los consensos necesarios entre gobierno, trabajadores, empresarios y academia, que posibiliten adecuadas reformas laboral y pensional. Nos urge trabajar en equipo, aportando todas las partes, para materializar medidas efectivas de recuperación económica y formalización que promuevan empleos de calidad y la reducción de la informalidad. En igual sentido, será indispensable lograr un nuevo sistema pensional que pueda garantizar mayor cobertura y equidad para la protección en la vejez de millones de colombianos durante las próximas décadas.