Todo ciudadano que observa en forma neutral los acontecimientos nacionales, desprevenido, sin ánimo influenciado por simpatías o antipatías, no puede abstenerse de pensar en algunos casos para su fuero interno y otros hablando libremente en foros y reuniones a las cuales somos tan dados los colombianos, o simplemente en las tertulias alrededor de un buen tinto como le decimos por estos lares a una pequeña taza o pocillo con nuestro delicioso producto nacional.

Quienes saben algo de Instrucción Cívica que antes era materia obligatoria en los colegios, saben que siguiendo las orientaciones aceptables del Montesquieu de La Ilustración, que país que se digne de serlo, mejor estado que sea digno, debe tener tres poderes públicos, base principal de su estabilidad como son las denominadas ramas del poder público: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Son independientes entre sí pero las tres trabajan conjuntamente en bien del país y sus ciudadanos,  con los mismos objetivos.  Mal se le puede achacar a alguna  de ellas el poder de influir en la marcha de las demás. La rama judicial suele o solía representarse como una señora ciega que con una espada en la mano administraba esa virtud que es la justicia sin miramientos de clase alguna. Cuando la mirada de la justicia se extravía quien  se somete a ella en estas condiciones determina la desprotección en la sociedad. En algunos regímenes no democráticos permiten que la justicia se desvíe según sus propios intereses, los del ejecutivo. Deben existir  normas tanto de investigación como de juzgamiento, las cuales son aplicadas por seres humanos congéneres de los juzgados, y como  toda obra humana es susceptible de equivocaciones, falla o como quiera llamarse, que debe atribuirse a la condición de seres humanos que son quienes las aplican y no al propósito deliberado de condenar o absolver a quien deben juzgar.

La opinión pública  hace varios años se ha enterado de la investigación que se le abrió por su conducta cuando desempeñó el cargo de Ministro de Agricultura el doctor Arias. La información que se conoce es que dispuso de dineros públicos para fomentar a los agricultores, política que difícilmente puede tener contradictores, más tratándose de un país  agrícola y que  ha volcado su interés al campo, no siempre con éxito, pero con el propósito de que sus labores sean útiles y provechosas.  Pues bien, las instancias judiciales encontraron que los procedimientos utilizados para auxiliar a los agricultores contrariaban las normas legales aplicables a este caso;  resultó entonces responsable el exministro Arias. Se inició un proceso judicial que se surtió en todas las instancias, del cual estuvo pendiente e informada la opinión pública; Arias fue condenado a una pena de 17 años que  parece alta aunque dentro de los límites establecidos. Voluntariamente se expatrió convirtiéndose en reo ausente. El ejecutivo no tuvo otro remedio que el de, por solicitud de la Corte, pedir su regreso al país. Mal puede entonces hablarse de persecución política.  Dura lex, sed lex.