Dos décadas antes de la pandemia del covid-19, las Naciones Unidas adoptaban los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM-2000) para de reducir la pobreza global en un plazo de 15 años. Pobreza que aumentaba en medio de las ideas y los planes sobre el progreso y el desarrollo, dominantes en el siglo XX. Las cuales, si bien habían propiciado importantes avances en crecimiento económico y desarrollo tecnológico, también presentaban un mundo con un norte muy rico y un ancho sur con países empobrecidos. La evidencia mostraba que tal teoría del crecimiento económico no resultaba suficiente y producía países rezagados económicamente, con los graves efectos sociales, ambientales y políticos que ello implica. Era la pobreza el desafío del desarrollo.

Sin embargo, cumplido el plazo no se logró la meta. Y aunque hubo avances significativos, el problema se tornaba más complejo; pues a la par del crecimiento económico como motor del desarrollo aumentaba la desigualdad y se agudizaba la crisis climática. Así, junto con el Acuerdo de París (COP21/2015) para enfrentar el cambio climático, en Nacionales Unidas surgen entonces los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-2015) para enfrentar la desigualdad con plazo al 2030. Colombia aprobó el Conpes 3918/2018 con la estrategia para implementar los ODS. La implementación del Acuerdo de Paz y los ODS eran escenario propicio para el gobierno Duque que iniciaba entonces. Pero, como es sabido, tomó otros rumbos, persistiendo en las medidas del mero crecimiento económico y beneficios tributarios a las grandes empresas y a los más ricos. En eso llegó la pandemia y los problemas se agravaron, aumentando la desigualdad.

Desde entonces, el mundo ya no es el mismo a pesar de la insistencia de algunos por volver a “la normalidad.” Y reducir la desigualdad se tornó en objetivo. Sin embrago, en medio del primer debate del proyecto de reforma tributaria del gobierno Petro, en el Congreso la semana pasada se presentaron por lo menos dos discursos en pugna que expresan concepciones distintas sobre el desarrollo y el papel del Estado. Por un lado, en la ponencia aprobada y respaldada por el gobierno y la mayor parte de los partidos de su coalición, se concibe la reforma tributaria como instrumento para generar igualdad y justicia social en Colombia, uno de los países más desiguales. En ese sentido, con la reforma se buscaría incidir sobre los factores estructurales: concentración del ingreso y la riqueza. Es decir, el propósito es redistribuir. Discurso ambicioso, conectado con la realidad nacional y con el debate global sobre el desarrollo.

Del otro lado, en la ponencia negativa de la oposición se insiste en que el crecimiento económico per se es la solución a todos los males; pues, según esto, mejora el recaudo tributario, reduce la pobreza y aumenta el empleo -no dice nada sobre la desigualdad-. Por eso se llegó a afirmar que la reforma tributaria no sería necesaria. Y que gravar con impuestos o eliminarles beneficios a las grandes empresas frenaría el crecimiento, y entonces se derrumbaría todo lo demás. Es el discurso contraevidente del siglo XX. En todo caso el debate es necesario y el Congreso lo ha permitido; su continuación y efectos se verán en las próximas sesiones plenarias y en cómo salga finalmente la reforma.

@Fer_GuzmanR