¿Queda algo de lo fundamental?

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Comenzamos a sentirlo ahora, cuando el debilitamiento de las instituciones deja de ser una profecía alarmista y se convierte en una realidad, hacia la cual se encamina el país con pasos más rápidos cada vez.

Un Estado necesita bases firmes, en las cuales  los ciudadanos estén de acuerdo. Las necesitan para construir su vida sobre ellas. Pueden cambiar de rumbo, estudiar, escoger profesión y trabajar con libertad, participar activamente en los asuntos públicos o refugiarse en la intimidad de sus casas, vivir y morir según su libre albedrío. Pero siempre con unos puntos de referencia y sobre unos cimientos sólidos. Ni los países ni las personas subsisten caminando sobre arenas movedizas.

Ahí están los elementos esenciales del pacto social que mencionaba Rousseau o del acuerdo sobre lo fundamental que, entre nosotros, buscaba consolidar Álvaro Gómez.

Siempre asumimos que esa solidez  básica se había logrado  alrededor de unas instituciones que congregaban a los colombianos. No eran perfectas. Nadie podía pretender que lo fueran. Pero  su capacidad de cambiar para asimilar la evolución de la sociedad las hacía serias y respetables. Mantenían su vigencia, consolidadas como la estructura de una comunidad que no puede andar a la deriva.

Ahora todo cambió. Los principios esenciales que estaban tan arraigados que todos considerábamos parte de la vida y marco de referencia para vivirla, se comienzan a desmoronar, y no por ataques desde afuera sino por actitudes desde adentro.

Es indiferente portarse bien o mal. Ni los buenos actos son          premiados o al menos reconocidos, ni los malos se castigan. Y si hay sanciones, la pena no guarda proporción con la gravedad de los hechos. En consecuencia, cuanto mayor sea el tamaño de la infracción, más posibilidades tiene el infractor de salir indemne.

Un homicidio, un hurto, unas lesiones personales dan para varios años de cárcel. Muchos asesinatos, secuestros y extorsiones conducen a una amnistía, en donde los culpables no aceptan ir ni un día de visita a la prisión.

Si un funcionario público incurre en faltas graves y por ellas lo sancionan, en cambio de cumplir la sentencia y mostrarse avergonzado o arrepentido, o de pedir perdón aunque sea de dientes para afuera, como se usa ahora, se declara en rebeldía abierta y no pasa nada. O mejor sí pasa, se le notifica al país que lo condenable no es cometer la falta sino sancionarla.

Tenemos buenos jueces pero no hay justicia. Está agobiada por la congestión de casos y,  por algún extraño capricho de nuestra democracia, la reforma ha resultado imposible, aunque, empezando por los jueces todos queremos reformarla para que funcione bien. Los intentos de hacerla fracasan, mientras el país se esfuerza por seguir creyendo en ella.

 Proclamamos las convicciones democráticas y la igualdad de  los ciudadanos ante la ley. Pero, en la vida  diaria y para efectos de la aplicación de las leyes el que gana las elecciones cree que ha ganado todo y quien las pierde cree que no ha perdido nada.

Y mientras tanto ¿qué hacemos para preservar lo fundamental?