¡Moñona!

Como en un juego de bolos las noticias sobre los próximos desarrollos de la sanción al alcalde Petro, amenazan con dejar por el suelo los principios jurídicos que siempre consideramos indiscutibles y sobre los cuales descansa  el estado de derecho. Se anuncia que quedarán por el piso como los pines arrollados en una moñona.

Veámoslo:

Primero: la tutela, entronizada como una de las grandes y benéficas revoluciones en la administración de justicia, explotará como consecuencia de su utilización abusiva. No la liquidarán sus enemigos externos sino los de adentro, que al emplearla con fines desviados ponen de presente los defectos, de tal manera que será indispensable reformarla para ver qué se salva de los propósitos originales.

Al inundar los despachos judiciales con tutelas fabricadas en serie colapsa el sistema y mientras se encuentra la manera de aclarar el embrollo, el descrédito alcanzará niveles irremediables.

Segundo: muere el respeto por las decisiones  judiciales. Queda ahogado entre un enredo de argumentaciones que se aceptarán cuando convengan. El acatamiento dependerá de la voluntad de los afectados.

Tercero. Se acaba también la posibilidad de sancionar disciplinariamente.  El afectado simplemente            responde que no acepta la sanción, convoca a sus amigos a gritar frente a la Procuraduría que “el pueblo unido jamás será vencido” y se alía con los organizadores de marchas para que desfilen con pancartas, diciendo que sancionar las irregularidades es un atropello. Las normas de la ley resultan en la práctica remplazadas por los lemas de las pancartas.

Mientras más escándalo se arme menos sanciones se harán efectivas.

Cuarto: se entroniza el principio de impunidad, según el cual los funcionarios públicos elegidos popularmente no pueden ser sancionados por funcionarios públicos que no tengan el mismo origen. Esto significa que el Procurador tendría que ser elegido por el voto popular, que equivale, ni más ni menos, a politizar la potestad disciplinaria, algo peor que    suprimirla del todo.

Quinto: formaliza la impunidad retroactiva. Cuando la potestad disciplinaria queda descuartizada de este modo, sobreviene la impunidad hacia atrás, aplicable a todos los casos anteriores de sanciones a congresistas, por ejemplo, a los alcaldes que no armaron un alboroto cuando los sancionaron, a los gobernadores que aceptaron la decisión de destituirlos e inhabilitarlos.

Sexto: nos obliga a pensar en la conveniencia de denunciar los tratados que, de alguna manera, someten cuestiones colombianas a tribunales o comisiones de justicia internacional. La experiencia con la Corte Internacional de Justicia de La Haya es deplorable y ahora intervenciones como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificaría la inconveniencia de mantenernos en donde es evidente el desconocimiento de los derechos del país.

Imaginémonos lo que nos espera cuando los envalentonados                                aprovechadores de la injusticia internacional decidan usarla para golpear a la justicia colombiana, que con su comportamiento invita a multiplicar y ahondar estas intervenciones.

Sí, sin duda, sería una de las más arrolladoras moñonas de la historia. Pero la opinión pública parece no darse cuenta y pensar que el desenlace del asunto Petro es un tema menor y sin repercusiones distintas de afianzar un alcalde en su despacho.