En el próximo octubre los ciudadanos de la Capital de la República elegirán a quienes los deben representar en el cabildo, designados que, obviamente, responderán fielmente el mandato que les impartan los electores, votantes que, se supone, habrán de escoger a quienes prometan abolir los esperpentos que han acabado con los derechos del público y ejercer el control político para impedir que se aprueben Acuerdos que atraquen el sentimiento y las necesidades populares, antecedentes que son ciertos a esta hora, tal como ocurrió con el acuerdo 724 de 2018, por medio del cual se impuso un “gravamen de valorización”, burlando los principios constitucionales que prohíben delegar en funcionario administrativos el decreto de cargas tributarias y que, además, no corresponden a los fundamentos que justifican la carga contributiva.
Pero el asunto no se queda ahí. Noticia reciente da cuenta de que la Juez 44 Administrativa del Circuito negó la suspensión de las obligaciones de valorización reclamada por la candidata Ángela Garzón, pronunciamiento que concuerda con la teoría que en el editorial de este periódico se expone el 9 de junio, acerca de la politización de la justicia.
Las acciones contenciosas administrativas se resuelven según la inclinación que tenga el juez, pues si bien la “ley” es producto de una manifestación política, existen controles que, supuestamente, aseguran el derecho: la Constitución y los representantes del pueblo soberano. Pero, lamentablemente, la Carta Política se analiza conforme a la tesis del uso alternativo del derecho y el control político lo otorgan a unos fulanos que lo único que buscan es la satisfacción de sus intereses personales, pero no, salvo muy pocos, la defensa de la colectividad.
El señor Carlos Roberto Pombo, presidente el Consejo Territorial de Planeación Distrital , se opone al proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial que el caducado alcalde del Distrito Capital insiste en imponer como herencia suya, para apropiarse del de desarrollo de la ciudad en el futuro , de manera que el inmediato Concejo y el próximo alcalde terminen siendo sus subordinados.
Todo esto tienen que entenderlo los electores para que su decisión de octubre sea una determinación racional y no emocional. La promoción de los candidatos al Concejo deben hacerla predicando sus convencimientos y jurando no traicionar a los electores, esta es la certeza de la democracia, lo demás es una farsa, una ridícula comedia, que en últimas hay que pagarla con descarados impuestos.
Mi experiencia en Mula tupo, Archipiélago de San Blas, isla de los Kunas, me permitió verificar el cumplimiento natural, espontáneo y sincero de los sailas, representantes de la comunidad en el Congreso indígena, que defendían los derechos de la colectividad. Comparar esa cultura política con la civilización de esta Capital, invita a salir de este mundo, como ahora está ocurriendo; por ello es cierto que el censo disminuye, son muchas las personas que prefieren irse a las provincias antes que soportar el tráfico del señor Boca de rejo.