En toda reunión a la que he asistido este año hay un gran porcentaje de personas que se encuentran aplicando a la nacionalidad española con motivo de la Ley que otorga la posibilidad a los descendientes sefarditas de obtenerla. Me he encontrado también con pequeños y medianos empresarios que se encuentran solicitando la residencia fiscal en otros países, ya que consideran que las cargas fiscales que se han venido imponiendo en Colombia son exageradas y en algunos casos podrían considerarse incluso confiscatorias, agravado con el hecho de que la calidad de vida y los servicios de educación, vivienda, justicia, seguridad y el estado general de las ciudades dejan mucho que desear y definitivamente no reflejan un buen manejo en el pasado de nuestros impuestos.
El gobierno tiene que estudiar con seriedad y responsabilidad estas situaciones ya que, por tratar de recibir mayores ingresos fiscales para sufragar el gasto público y los compromisos adquiridos, como la atención a la deuda externa, con tal porcentaje de incremento en los distintos impuestos puede producir una baja en la captación de estos recursos.
Un ejemplo se ve reflejado en el caso de la ciudad de Bogotá, pues no hay calle por donde uno pase donde no se estén arrendando o vendiendo inmuebles y cada día que pasa es posible identificar más letreros en tal sentido. El ambiente de falta de optimismo es evidente y se ve agravado con el incremento de la inseguridad, el asesinato de líderes sociales, los anuncios de paros, las protestas en carreteras y la expectativa de los colombianos respecto a la solución de las circunstancias en Venezuela.

La presencia de un alto número de venezolanos en nuestro país ha empeorado los problemas de orden público, pues algunos de los que llegan en búsqueda de un refugio, al no encontrar sustento acuden a la delincuencia y, además, también hay empresarios o personas que abusando de los problemas que han llevado a estos venezolanos a abandonar su territorio sin documentos, los contratan como mano de obra barata, por un salario menor que el que pagarían a un nacional, evadiendo las cotizaciones de seguridad y prestaciones sociales que la Ley ordena.
A propósito de este último punto y de la ayuda humanitaria que no quiso aceptar el gobierno de Maduro, el gobierno debería pedir autorización a los gobiernos donantes para entregar las toneladas de ayuda a los innumerables venezolanos que se encuentran pasando necesidades en nuestro país, especialmente en aquellos territorios como la ciudad de Cúcuta o las ciudades o territorios fronterizos, donde la presencia de venezolanos es simplemente impresionante y que en algunos casos ha aumentado el número de habitantes residentes que estos territorios tenían.

Por último, tanto el gobierno como los líderes de las distintas fuerzas políticas del país deberían hacer un esfuerzo por no volver a polarizar el país y las fuerzas de opinión. Uno de los hechos que más preocupación teníamos al terminar el gobierno nacional pasado era precisamente este hecho. No caigamos en equivocaciones similares. Esto sería fatal para nuestro porvenir de desarrollo y futuro de nuestra Nación tanto en lo político como en lo económico y social.