Entre telones, una de las discusiones más álgidas que se viene desarrollando en el país tiene que ver con la reforma agraria. No han faltado quienes señalen al llamado incumplimiento de los compromisos adquiridos en el punto número 1 de los Acuerdos de Paz de 2016, como razón suficiente para dizque llamar a una asamblea constituyente. Tal ha sido el caso de Álvaro Leyva y en varios de sus ambiguos trinos parece ser también la opinión del presidente Petro.

Desde el comienzo del gobierno se viene hablando de la necesidad de adquirir más tierras fértiles para dedicarlas a la reforma agraria que tendría como destinatarios a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Este tema ha dado lugar a bandazos. Primero se habló de que en el actual cuatrienio se adquirirían 3 millones de hectáreas. Después se hizo una rebaja a 1.500.000 hectáreas. El Plan de Desarrollo también se ha ocupado del asunto, principalmente en torno a un controvertido artículo que parece fue introducido a hurtadillas con el que se autoriza la extinción de dominio cuando el programa de reforma agraria la requiriera.

El gobierno se ha ocupado, sin embargo, de hablar principalmente de lo que sería apenas un componente de la reforma agraria: la entrega de tierras fértiles a los campesinos. Buena parte de los titulares de los primeros dos años se lo llevaron los debates entre Petro, Lafaurie y Cecilia López sobre cual era la cantidad de tierra que razonablemente se podría esperar adquirir en este cuatrienio. Lo cierto es que la adquisición y entrega de tierras a los destinatarios ha resultado sensiblemente menor de las cifras inicialmente anunciadas.

 Un interesante estudio divulgado recientemente por Fedesarrollo titulado “La Tierra para uso agropecuario en Colombia: Equidad y productividad”, y cuyos autores son Juan José Perfetti, José Leibovich, Martha Delgado y Enrique López, hace un balance bastante acertado sobre cómo va la reforma agraria en el gobierno Petro. Y qué de todo lo que se dice es fantasía y qué realidad. Igualmente calcula los costos fiscales que tendría ejecutar los anuncios que se han hecho en materia agraria.

El gran mérito de este estudio, a mi entender, es que llama la atención de que una reforma agraria sensata no se puede resumir a entregar tierra pelada a los campesinos, sino que tiene que ir acompañada de otros ingredientes que aseguren los aumentos de productividad en el agro. En el S. XXI la tierra es apenas uno de los insumos requeridos para que la productividad de las explotaciones agrícolas se incremente.

Una de las conclusiones más interesantes de este estudio consiste en trazar la línea entre lo que es ilusorio y lo que puede llevarse a la realidad. Dice: “Con el propósito de conocer el impacto fiscal que tendría el cumplimiento de la meta del gobierno de entregar tres millones de hectáreas y 700.000 títulos durante el cuatrienio y alcanzar las metas de formalización (3,9 millones de hectáreas) y catastro multipropósito (598 municipios), se adelantó un ejercicio de costeo de dicho escenario, el cual se compara con un escenario alternativo en el que se asume la entrega de un menor número de hectáreas (1,5 millones), un mayor acceso a los servicios productivos esenciales para los pequeños productores beneficiarios de tierras y metas más amplias de formalización y catastro multipropósito. La comparación de costos entre los dos escenarios muestra que la meta inicial -entrega de tres millones de hectáreas durante el cuatrienio- es inviable, no solo por la dificultad operativa e institucional que ella representa, sino también por el costo que implicaría ($22 billones), el cual superaría el presupuesto de inversión estimado para el cuatrienio para la Agencia Nacional de Tierras (ANT): $ 16,4 billones”.

Ojalá que el tijeretazo fiscal deje con vida las disponibilidades presupuestales para continuar el plausible propósito de ejecutar, al menos una buena parte durante este gobierno, del punto No. 1 de los Acuerdos de La Habana.

Pero quien lea con mejor ojo analítico estos acuerdos que Álvaro Leyva descubrirá sin mayor dificultad que lo que allí se dice no es la puerta para introducir una forzada Constituyente, sino una visión integral de lo que es una reforma rural integral, que no se reduce solamente a la entrega de tierras peladas.