Es preocupante el nivel de desestabilización política que viene viviendo el Perú desde 2016 con la elección de Pedro Pablo Kuczinsky a quien le hicieron 2 intentos de destitución que lo obligaron a renunciar en marzo de 2018. Luego asume la presidencia Martín Vizcarra, quien, al no contar con mayorías en el Congreso, hace uso de la facultad de disolverlo y de convocar a nuevas elecciones legislativas en el 2019. Y es precisamente el nuevo Congreso es el que lo separa del cargo al acusarlo de tráfico de influencias cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Moquegua, entre 2013 y 2014, lo que condujo a Manuel Merino a hacerse cargo del Ejecutivo en su condición de presidente del Congreso; cargo en el que duró escasos 6 días y al que tuvo que renunciar por cuenta de las intensas protestas callejeras en su contra.

Se sostiene que todo este proceso de inestabilidad en el Gobierno es consecuencia del destape de lo que parece ser la mayor manifestación de corrupción en la historia del Perú, que se conoce como operación Lava Jato, que ha involucrado a los presidentes elegidos en el Perú desde 2001.

Como dice el analista José Carlos Requena,- citado por El Tiempo-, “la vacancia es un elemento muy  laxo en la Constitución peruana que hace que no se pueda perder el control del Parlamento, porque, cuando eso ocurre, corres el riesgo de ser destituido” Luego agrega que “todos los presidentes, después de 2001, tenían algún nivel de arreglo parlamentario, pero Vizcarra no contaba con ningún congresista a su favor, por lo que a pesar de disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones, paradójicamente sin presentar su propia lista parlamentaria, lo que ocurrió fue que quedó a merced de un grupo de bancadas inexpertas, con agendas subalternas, y que terminaron encontrando una justificación para destituirlo.”

El Congreso peruano, al hacer efectiva la declaración de vacancia, invocó como justificante la “permanente incapacidad moral “de Martín  Vizcarra  por presuntos hechos de corrupción antes de ser elegido presidente. Lo anterior nos revela que la estabilidad de los gobiernos en el Perú depende de la capacidad de contar con mayorías en el Congreso.

El régimen constitucional peruano tiene un carácter semiparlamentario, solo cuenta con una Cámara Legislativa y deja en manos del presidente de ese organismo la sucesión presidencial,  porque no prevé un mecanismo distinto. Ese híbrido ha resultado inconveniente porque la suerte del Gobierno depende de que cuente con mayorías en el Congreso o que tenga que llegar a acuerdos transaccionales sobre su orientación, lo que en plata blanca se llamaría cogobierno.

Es realmente curioso que en la estructura constitucional del Perú, el orden en la sucesión presidencial no comience en el mismo Ejecutivo o no disponga de una institución  para el eventual reemplazo del presidente, como es el vicepresidente.

Lamentablemente, la alianza de las fuerzas populistas que hacen mayoría en el Congreso del Perú se está llevando por delante a un país que venía registrando importantes índices de crecimiento. Se requiere una urgente reforma constitucional que estabilice sus gobiernos y, por supuesto, el país en su conjunto.