Este es un tema en el que resulta necesario insistir. Y el hecho de que sea uno de los principales puntos de la cumbre de las Américas, se convierte en la oportunidad propicia para hacerlo.

Además, los escándalos más recientes, que involucran a empresas multinacionales, deben dar lugar a una reflexión integral acerca de las medidas necesarias para combatir, eficazmente, ese fenómeno.

De la integralidad de la visión que se tenga sobre semejante desafío  depende el éxito de una lucha en la cual no se puede descansar.

Es claro que las políticas nacionales son fundamentales.

Se necesita una estrategia que comprometa a todos los niveles del Estado, así como una autoridad con verdadero músculo político y jurídico, cuya tarea sea la coordinación de dicha estrategia.

También es inaplazable poner en marcha un movimiento ciudadano que sea la fuerza que lleve a ganarle la batalla a ese tipo de criminalidad.

Muchas veces se expresa la indignación, pero, simultáneamente, a través de ciertos comportamientos, se prohíjan las malas prácticas.

Eso sucede, por ejemplo, cuando se le ofrece dinero a un agente de tránsito para que no ponga una multa, o se compra un puesto en la fila para entregar primero que los demás cualquier documento.

Por otra parte, hay que desarrollar bien y cumplir con las reglamentaciones de los pliegos tipo, acabar con los carteles de únicos proponentes y dejar atrás la discrecionalidad de las autoridades, que, conjuntamente con los monopolios, alimentan la corrupción.

Y derogar los beneficios para los corruptos.

No más casa por cárcel, ni disminución de penas, ni beneficios de ningún tipo a los expoliadores de lo público.

Quien robe, adicionalmente, dineros de la salud debe ser investigado, juzgado y condenado, igualmente, por tentativa de homicidio.

Los muros de la vergüenza serían, de otro lado, una forma de castigo social efectiva y aleccionadora.

Se requieren, de otro lado, reformas tendientes a conseguir que los bienes producto de las conductas corruptas no hagan parte de la masa hereditaria en casos de sucesión, al igual que medidas de extinción de dominio rápido.

Todo lo que se haga debe fundamentarse en los principios de sí se puede y cero tolerancia con el asalto al patrimonio de todos.

Lo dicho anteriormente debe complementarse con un gigantesco esfuerzo internacional.

Se trata de que Colombia lidere en el marco de la ONU la creación de la corte internacional anticorrupción.

En esta materia, de tanto impacto sobre la estabilidad y credibilidad institucional no puede haber dudas.

Buena parte de la corrupción a nivel local proviene de la acción de las empresas transnacionales, que entregan recursos a manos llenas a funcionarios venales para ganar contratos.

Esta es ya una vieja historia, para enfrentar la cual no se ha adoptado un marco legal internacional con dientes, muchos dientes, a fin de  derrotar el soborno transnacional.

Diversos estudios han evidenciado que la mayoría de esos delitos se cometen en el sector de infraestructura, industria extractiva, y telecomunicaciones.

Es decir, en las áreas que exigen un mayor volumen de recursos, de los que carecen los países emergentes o en vías de desarrollo, como quiera llamárseles.

Países como el nuestro son, entonces, campo de caza de las dichas corporaciones.

A pesar de que se han dado algunos pasos con la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la de las Naciones Unidas, su carácter, más declarativo que otra cosa, los convierten en instrumentos insuficientes.

Habida cuenta de la magnitud que tiene el fenómeno del soborno transnacional, ya es hora de darle vida a la corte internacional anticorrupción.

Así como los estados miembros de la ONU decidieron crear la Corte Penal Internacional para combatir la impunidad, llegó la hora de que se haga lo mismo con el propósito de enfrentar el horrible mal de la corrupción global.