Desde la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23) celebrada en Bonn (Alemania) en noviembre de 2017 se suman voces que, desde los gobiernos, la sociedad civil, las empresas, las academias y las ciudades llaman la atención sobre la necesidad de pasar a la acción con la adopción de las medidas efectivas para que el aumento de la temperatura global no supere los 2 grados centígrados al 2050. Pues, el tiempo se agota y las emisiones de GEI no se reducen al ritmo requerido. La amenaza de la catástrofe climática sigue presente.
La COP27 que inició en Sharm el-Sheikh (Egipto), tiene también entre sus objetivos concretar los compromisos de los estados parte y su rápida implementación. El nuevo secretario ejecutivo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) Simon Stiell -exministro de medio ambiente de la Isla de Granada- ha insistido en la necesidad de pasar a la acción tomando decisiones. En el caso de Colombia, la ministra de medios ambiente, Susana Muhamad en declaraciones previas a la Conferencia dijo que el país va con el propósito de recuperar el debate político en el espacio de las COP, que “se han vuelto un escenario tecnocrático de trabajar alrededor de fórmulas muy específicas de financiación”. Asunto interesante que merece reflexión.
La ONU es escenario fundamental de la política multilateral; pero padece problemas que la mantienen rezagada en pasar de los acuerdos a la implementación. Su secretario general, António Guterres prometió, recién llegado al cargo, una reforma del organismo que aún no se termina de concretar. Sin embargo, no se puede perder de vista que el Acuerdo de París (COP21/2015) es un logro trascendental de la política, salvado en gran medida por el liderazgo de Barack Obama, entonces presidente de EEUU. Es decir, la COP21 y las reuniones de negociación previas fueron espacios de la construcción de acuerdos políticos.
Además, el Acuerdo de París, producto de la negociación política, incluyó una especie de cláusula de compensación y elemento central de justicia climática: que a los mayores emisores de GEI -países desarrollados con las economías más grandes- les corresponde el mayor esfuerzo para financiar la mitigación y la adaptación a los impactos negativos del cambio climático en los países más pobres y en desarrollo. Por eso, desde entonces la financiación ha sido uno de los temas esenciales –no el único- en la nada fácil implementación del Acuerdo. Y por supuesto la COP27 de Egipto no será la excepción en este sentido.
Los mecanismos de financiación para la mitigación y la adaptación al cambio climático son tema de permanente discusión y tienden a caer en el dominio de la visión tecnocrática, como lo señala la ministra Muhamad. Pero, también deben ser instrumentos de negociación política; pues en un mundo tan desigual y un contexto económico como el actual, la provisión y flujo de fondos a países pobres y en desarrollo a través de préstamos merece revisarse y explorar la innovación con otros mecanismos. La propuesta de Colombia sobre la preservación de la selva amazónica abre un escenario con mucho potencial, y requiere justamente una gran negociación política.
@Fer_GuzmanR