EN Colombia están sucediendo hechos que muestran que como decía Carlos Lleras Restrepo ‘el país está descuadernado’ y si no se toman correctivos con prontitud, fácilmente llegaremos a una anarquía de la cual no será fácil salir.

Para nadie es desconocida la inseguridad que se vive tanto en las ciudades como en el campo. Ahora incluso muchas veces no se habla de atracos o robos a una persona, sino que si la víctima se defiende puede poner en riesgo su vida. Si nos vamos a ver lo que está pasando con algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos, encontramos cifras espeluznantes de todos los que han sido asesinados. Lo mismo encontramos en quienes eran guerrilleros de la Farc y se acogieron al acuerdo de paz, quienes también han caído bajo las balas de asesinos. Comentábamos en un artículo hace pocos días que en los primeros veinte días de este año en Colombia se habían robado 70.000 celulares, es decir 3.500 diarios, sin contar muchos que también se han robado pero sus dueños no han presentado la respectiva denuncia.

En materia de corrupción no hemos logrado medidas severas que acaben con esta delincuencial acción y, aún peor, tampoco hemos logrado que la justicia muestre resultados eficientes y contundentes ante tantos casos con los que todos los días nos encontramos. ¿Qué paso con “todos” los responsables de los actos de corrupción de Odebrecht, Reficar, estupefacientes, el carrusel de los contratos, el cartel de la Toga, etc?

Y mientras esto sucede, la gente decente, los amenazados y aquellas que son objetivo o blanco de grupos alzados en armas, desprotegidos de la seguridad del Estado, tampoco pueden lograr obtener sus salvoconductos para el porte de armas para su defensa personal porque la institución encargada de hacerlos simplemente los somete a procedimientos interminables o por sus periodos de vacaciones, como si los delincuentes o asesinos estuvieran también de vacaciones o esperaran que los organismos del Estada den los permisos o salvoconductos requeridos.

Y así también pasa con quienes por obligación deben desplazarse en carros blindados. Después de haber pedido toda clase de conceptos sobre su buen comportamiento de vida, sus amenazas, y antecedentes se analizan sus situaciones de manera individual y es la entidad especializada, de acuerdo con la Ley, la que aprueba la utilización del vehículo blindado. Pero resulta que un funcionario de nivel municipal, como es el caso del Secretario de Movilidad de Bogotá, resuelve restringir el tránsito de estos vehículos a su antojo e incluso ponerles un impuesto especial y hasta obligar a sus dueños a hacer un trabajo social que, por supuesto nos es indigno, pero que va en contravía de su propia seguridad. Es decir, se atribuye funciones que la Ley determina a la Superintendencia de Vigilancia y atropella las normas sin que las entidades de fiscalizadoras lo castiguen o lo obliguen a cumplir las normas que establece un Estado de Derecho

O el gobierno toma acciones correctivas o serán muchos los colombianos que les tocará acudir a los organismos internacionales para pedir medidas especiales o simplemente abandonar el país.