La Constitución Política de 1991 acogió reformas fundamentales para armonizar y regular la relación capital-trabajo, como el Estado Social de Derecho, la democracia participativa y el derecho de asociación, entre otras. De esta forma buscó mejorar la relación conflictiva que en el marco de los años de la guerra fría y del naciente neoliberalismo llegó a considerarse predominantemente como antagónica. Pasando a un escenario institucional donde se reconoce el papel de empleadores y trabajadores a través del diálogo, la concertación laboral, la cooperación y la complementariedad para contribuir al desarrollo económico y social del país. Esto significó un avance importante, aunque aún con esenciales reformas pendientes.
En este sentido, estableció “Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales.” (Art.56-CP). Otorgándole al Estado un papel mediador, y buscando generar un clima de confianza y tranquilidad en la relación capital-trabajo.
La ley 278/96 reglamentó la comisión de concertación de políticas salariales y laborales, una de cuyas funciones es “Fijar de manera concertada el salario mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia.” Y de no lograrse consenso, el Gobierno lo determinará considerando parámetros macroeconómicos.
Sin embargo, si bien la comisión comenzó en 1996, en 24 años se ha concertado solo 8 veces. Es decir, el 33.3%. Y de estas, 4 han coincidido con año electoral para Presidente de la República. Así, los datos muestran una baja efectividad de esta comisión, aunque ver solo en blanco y negros sería un ejercicio incompleto. Pero, estos resultados deben cuestionarnos sobre ¿por qué en Colombia sigue siendo tan difícil concertar? ¿Acaso significa esto que la relación capital-trabajo mantiene cierto antagonismo, pese al espíritu que le quiso imprimir la Asamblea Constituyente?
Según Enrique Ogliastri (2001) en Colombia aunque se negocia de distintas maneras, “hay una forma más común que las otras, que es un proceso exclusivamente centrado en distribuir mediante regateo.” Lo cual, afirma, tiene dificultades para crear valor y beneficios mutuos. Así, en 2020 los empleadores partieron de un bajo 2% que luego subieron a 2.7%. Y lo trabajadores de una cifra fija de un millón de pesos de salario y 120 mil pesos de subsidio de transporte. Finalmente el Gobierno, al no existir consenso tripartito, determinó un bajo incremento nominal del 3.5% pretendiendo repartir diferencias.
La determinación del salario mínimo tiende a justificarse fundamentalmente en un amplio espectro de variables económicas, sobre las cuales no se llega fácilmente a acuerdos por distintas razones. Sin embargo, también pesan otro tipo de razones no económicas sobre las que no se dialoga. Algunas de ellas tienen que ver con las desigualdades y condiciones estructurales de partida que la Constitución quiso atender, pero sobre las que ha sido difícil avanzar y que constituyen una especie de deuda que cada año se busca saldar.
Además, enfrentar reactivación económica y reformas pendientes con estas deudas y forma de negociación es difícil panorama.
@Fer_GuzmanR